“Nadie quiere decir que tenemos un problemón” de injerencia del narco en las elecciones
El magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, subrayó que “no falta mucho, como pasó en Colombia, para que algunas personas ligadas al crimen organizado quieran ser presidentes de la República, dije no falta mucho, es decir, no está pasando ahorita, pero ¿alguien puede asegurar que para 2030 no suceda?”
El magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizana, y la directora de la Universidad de San Cristóbal de las Casas, Gabriela Ruvalcaba/
“Un secreto a voces”, la frase que bien aplica para subrayar que los grupos del crimen organizado no han dejado de interferir desde hace tiempo en las elecciones en México en todos sus niveles, quedó expuesta este viernes en Chiapas, luego de que el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, subrayó durante la conferencia magistral “Elecciones y crimen organizado, el gran elefante en el cuarto”, que la injerencia de grupos vinculados al narcotráfico no serán la excepción en los comicios de junio próximo, toda vez que su presencia e intervención va en aumento, por lo que advirtió que habrá que cambiar el paradigma de los procesos en los que se elijan a funcionarios para cargos de elección popular, ya que tenemos no un problema, sino un problemón, por lo que habrá que plantear y crear un mapa de riesgos.
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“Nadie quiere decir que tenemos un problemón y el problemón es que está habiendo, de alguna manera, incidencia importante del crimen organizado en las elecciones. Este fenómeno que se está presentando y que no hay que ser demasiado inteligentes para darse cuenta de que se va a presentar también en la elección del 2024 y que está creciendo”, señaló el magistrado, quien, a manera de denuncia, insistió en que la incidencia de la delincuencia organizada en las elecciones es un fenómeno real que sigue creciendo, por lo que a toda costa se debe evitar que en el país exista una narcodemocracia o narcoelecciones.
De la Mata Pizaña fue certero al resaltar que este tema, que es delicado en toda su proporción, debe abordarse con las Brigadas Electorales de la Escuela de Justicia Electoral del TEPJF, por lo que se deben aprobar todas las medidas necesarias para evitar que personas vinculadas con el crimen organizado se infiltren para buscar cargos en las presidencias municipales, en las gubernaturas o incluso aspirar a la Presidencia de la República.
Alerta Electoral
“No falta mucho, como pasó en Colombia, para que algunas personas ligadas al crimen organizado quieran ser presidentes de la República, dije no falta mucho, es decir, no está pasando ahorita, pero ¿alguien puede asegurar que para 2030 no suceda? En Colombia pasó, Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia, pudo serlo, ¿se imaginan?”.
@fdelamatap
El magistrado fue insistente en su llamado a estar alertas para evitar que siga creciendo la presencia de grupos del narco en las elecciones, por lo que destacó que el INE debe generar mapas de riesgos con la información que tiene, para determinar los distritos que podrían verse afectados por la violencia criminal e incluso promover campañas digitales para evitar amenazas o el acoso de los candidatos.
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Regular denuncias
En el mismo tenor, refirió que es urgente impulsar reformas para regular denuncias o demandas anónimas y establecer protocolos de protección a los aspirantes, así como contar con botones de pánico, ya que, indicó, se sabe por denuncias de algunos candidatos que han sido levantados o amenazados.
En este contexto, Felipe de la Mata Pizaña, propuso entre algunas acciones generar una base de datos pública de los aspirantes a puestos de elección popular en todos los niveles, bancarizar las aportaciones que lleguen de organizaciones privadas o particulares, implementar denuncias anónimas y campañas digitales que cumplan con los parámetros legales, y en el caso de los votos anticipados, ya sea por correo o vía electrónica, debe haber una supervisión rigurosa que valide que es legal, además de que tras la votación presencial debe haber una vigilancia transparente y apegada a la ley para evitar el robo de urnas o su desaparición.
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