Araceli es una mujer Oaxaqueña de oficio costurera y único sustento económico de su hogar. Le ofrecieron 2 mil pesos por transportar 30 kilos de marihuana a la Ciudad de México. Pero fue detenida y ahora purga una sentencia de 6 años de prisión.

Al igual que muchas mujeres indígenas que son utilizadas por el crimen organizado como “mulas”, Araceli se encuentra en espera de una resolución por parte de la Comisión de Amnistía-- esa que anunciaron con “bombo y platillo” las autoridades--, para que recobre su libertad pero a decir de organizaciones civiles esa institución ha fracasado.

Domitila, es una mujer mazahua, quien se dedicaba a la costura y elaborar piñatas, es una de las tantas mujeres procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud.

Ella cuenta que varias veces fue amenazada por un hombre que le aseguró que si no accedía a transportar una maleta con marihuana matarían a su hijo, y tal fue su temor que aceptó, pero fue descubierta y detenida en Huitzo, Oaxaca, mientras iba en un camión, 150 metros antes del peaje de salida a México, en una revisión de rutina de la policía federal.

Tras múltiples demoras, obstáculos e incluso un amparo, por fin recibió su notificación de liberación el pasado 20 de mayo luego de que fue encarcelada en octubre del 2019. Ella tuvo suerte, pero Araceli aún no se le otorga la amnistía.

A más de dos años de su entrada en vigor, la Ley de Amnistía no ha funcionado para decenas de mujeres que se encuentran en prisión víctimas del narcotráfico, quienes son obligadas en su mayoría , mediante amenazas e intimidaciones, por los grupos del crimen organizado para transportar droga, alertó la organización EQUIS Justicia Para las Mujeres.

En su gran mayoría, estas mujeres denominadas “mulas” en el argot del crimen organizado pertenecen a sectores donde la pobreza y marginación es a constante, lo que las vuelve muy vulnerables.

Pese a que son candidatas a recibir la amnistía que puso en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de junio del 2020, muchas de estas mujeres sobre todo las indígenas, se quedan a la espera de que llegue ese beneficio prometido o incluso ni llega.

Hasta el 11 de agosto del 2021, la Comisión de Amnistía tenía registro 1, 560 casos en revisión de los cuales 41 pertenecen a comunidades indígenas, según el último reporte que entregó al Senado de la República.

De ellos, 37 son hombres y 4 mujeres. En su mayorías los casos revisados son personas que están procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, es decir, por delitos vinculados con drogas.

Según ese reporte en ese momento había 747 casos en revisión de los cuales, 626 son hombres y 121 son mujeres.

De ellos, 571 corresponden a delitos contra la salud o relacionados con narcóticos. Asimismo 12 de ellos actualizan el supuesto que se refiere a cualquier delito siempre y cuando sean indígenas que no hayan tenido acceso a la jurisdicción del estado.

Las entidades que cuentan con más solicitudes de amnistía son Sinaloa con 112, Chiapas con 81, Estado de México con 65, Durango con 48, y Sonora con 42.