En febrero de este año, Uber, a través de su servicio de entrega de comida a domicilio -Uber Eats- demandó a DoorDash, su competidor en Estados Unidos, y que abarca dos tercios del mercado estadounidense, por “prácticas anticompetitivas”.
Adelantemos el reloj ocho meses, y ahora es Uber quien aplica este mismo patrón en México, donde domina el mercado.
Recientemente, la empresa ha firmado contratos de exclusividad con varias cadenas de restaurante importantes en México, tanto mexicanas como extranjeras afincadas en el país.
Esta exclusividad significa que estas cadenas solo se pueden encontrar en Uber Eats y no en otras plataformas de reparto de comida a domicilio, como Rappi o DiDi Food.
Según extractos del contrato a los que ha tenido acceso este medio, la firma de la exclusividad -que puede durar hasta 3 años- comporta un bono de 4 millones de pesos para el restaurante en cuestión, pero conlleva cláusulas limitantes.
Pero, a cambio, Uber aplica fuertes limitaciones a las decisiones que pueden tomar los restaurante sobre sus propios productos.
Una de las restricciones más llamativas y que más molestia ha causado en el sector -aunque nadie se atreve a hablar públicamente por miedo a violar el contrato- es la que aplica a las ofertas y promociones.
La cláusula establece que los negocios deberán pagar un porcentaje adicional a Uber Eats por cada orden que se haga en la aplicación haciendo uso de la promoción. Esto es, adicional a la comisión regular que cobra la plataforma.
POLÉMICA SOBRE POLÉMICA
Por el momento, todas las quejas del sector se han movido dentro de la plática de pasillos y la informalidad, pero la molestia en el sector de la hostelería se suma a polémicas anteriores que acumula Uber.
Durante las negociaciones por la implementación de la ley de Plataformas Digitales que dio cobertura del IMSS a repartidores y conductores, Uber generó inconformidad en el gobierno por sus posturas.
De hecho, aunque durante dicha negociación se acordó que las plataformas no subieran precios a usuarios finales para compensar los costos de la implementación de la ley, en julio de 2025 Uber rompió el acuerdo e hizo exactamente eso, lo que motivó que Profeco abriera una investigación.