Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá presentaron dos demandas de arbitraje comercial contra México, por no respetar las normas del Tratado Comercial vigente (T-MEC), por lo que hasta ahora la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta 17 controversial por resolver.

En el primer caso, la administración del presidente estadounidense Joe Biden presentó la demanda, en representación de la firma estadounidense Arbor Confections Inc. y los hermanos Mark Alan y Brad Ducorsky, que exigen el pago de 80 millones de dólares que no se han cubierto por el arrendamiento de una nave industrial en Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de una empresa mexicana que tardó 7 años en ser desalojada por la justicia estatal.

De acuerdo con el antecedente del caso, la nave industrial pasó en 2015 al control de la operadora logística Accel, compañía señalada de tener influencia política en Chihuahua y que pretendía apropiarse de facto del inmueble por lo que se procedió a presiones para obligar a su desalojo.

El pasado 20 de junio con mediación de la Secretaría de Economía se buscó en una reunión de conciliación el pago del arrendamiento del inmueble, lo que no fructificó, por lo que se procedió a solicitar la demanda a través del T-MEC para que el gobierno mexicano asuma la responsabilidad de la situación.

En el segundo caso el gobierno canadiense del Primer Ministro, Justin Trudeau, en representación de la empresa minera Silver Bull Resources, presentó una demanda por 178 millones de dólares, por el bloqueo ilegal de su proyecto Sierra Mojada, en Coahuila.

Se trata de una mina de plata y zinc, obra pendiente desde septiembre de 2019 y que no ha logrado avances en sus acciones laborales, debido a la negativa de la Sociedad Cooperativa de Explotación Mineros Norteños que rechazó todo acuerdo para su proyecto.

Silver Bull cuenta con un paquete de 40 concesiones mineras con una superficie total de 21,167 has localizadas en un distrito minero histórico destacado por plata de alta ley, plomo y zinc descubiertos en 1879.

El proyecto es 100% propiedad de Silver Bull y operado por sus subsidiarias en México “Minera Metalin” y “Contratistas de Sierra Mojada”.

En mayo pasado hubo una reunión de conciliación con funcionarios del gobierno para que intercedieran y se pusiera en marcha, pero no fructificó, por lo que la compañía minera con el aval del gobierno canadiense presentó la demanda comercial bajo las reglas del T-MEC.