La historia del voto femenino tiene una cronología que data desde finales del siglo XVIII, con la sanción de leyes que aprobaron el sufragio femenino, y que si bien, en algunos lados este derecho nació restringido y acotado, conforme pasó el tiempo se instauró un sufragio igualitario, sin diferencias de género y universal. Nueva Zelanda, Australia del Sur, Tasmania, Finlandia, Noruega y Suecia fueron los países pioneros en promover este derecho.
Por su parte, las primeras aproximaciones de los derechos políticos de las mujeres las tuvo Marie Gouze en 1791, al redactar en complemento a la Declaración Francesa, la “Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, que lamentablemente no tuvo éxito práctico, y terminó con su muerte en la guillotina dos años después. Pero fue con el libro Reivindicación de los derechos de la mujer de Mary Wollstonecraft, donde se escribe por primera vez en 1972, sobre los derechos políticos de la mujer en el mundo.
A partir de este hecho, y siguiendo esta oleada de reconocimientos de este nuevo derecho, el único país latinoamericano en el que se reconoció el sufragio femenino en igualdad de condiciones que el masculino —incluso antes que en España— fue Uruguay en su Constitución de 1917, para que las mujeres votaran en el plebiscito de Cerro Chato de 1927 y en sus elecciones generales de 1938. Posteriormente, países como Ecuador (1929), Puerto Rico (1929), Brasil (1932), Cuba (1934), Chile (1935), Bolivia (1938), El Salvador (1939), Panamá (1941), Argentina (1947), Venezuela (1947), México (1947), Costa Rica (1949), Haití (1950), Colombia (1954), Perú, Honduras y Nicaragua (1955) y Paraguay (1961). Cabe destacar que en la mayoría de estos países, la participación plena de las mujeres se dio años después, como es el caso de nuestro país que fue hasta 1953.
A 63 años del aniversario del voto de la mujer en México, a pesar de los importantes avances y resultados de las incansables luchas y batallas por la reivindicación de los derechos políticos de las mexicanas, existen grandes resistencias culturales, prácticas machistas y visiones androcéntricas que limitan los derechos de las mujeres a participar de manera plena, en la vida pública y en los espacios de toma de decisiones.
Es innegable que hoy existen más mujeres haciendo y participando en política, sin embargo, la proporción es mucho menor que la del sexo masculino. Aunque existen algunos avances y una mayor presencia de mujeres en el ámbito legislativo y algunos espacios de la administración pública federal, es necesario que se instituya una verdadera paridad sustantiva que garantice el acceso de las mujeres a la vida pública.
Más allá de conmemorar un año más de la vigencia de este derecho, es una fecha que nos debe llamar a redoblar nuestros trabajos y esfuerzos para garantizar a las mujeres mexicanas una sociedad justa y paritaria. El empoderamiento femenino y las acciones afirmativas, deben ser nuestras herramientas para materializar y hacer efectiva la agenda de género y los rezagos que tenemos en diversas materias, para que de la mano de los hombres, podamos construir ese México democrático e igualitario.
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