El terrible crimen que se cometió en septiembre de 2014 contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fue tan devastador que, para explicarlo, surgieron especulaciones apuntaladas en suposiciones políticas y no en hechos demostrables. La credibilidad del gobierno estaba tan maltratada que la versión de la PGR acerca del asesinato y la incineración de los 43 muchachos fue desechada por quienes quisieron considerar, simplista pero catárticamente, que fue el Estado.
La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso Iguala desbarata especulaciones, señala rumbos de investigación que las autoridades aún tienen que desahogar, cuestiona las muchas improvisaciones tanto de la PGR como de expertos internacionales que han distorsionado los hechos ocurridos hace 50 meses y, aunque con matices, coincide con la versión hasta ahora oficial sobre ese crimen. A los estudiantes de Ayotzinapa los asesinaron sicarios al servicio del narcotráfico que contaron con la complicidad de policías locales.
El documento que presentó el 28 de noviembre el titular de la CNDH Luis Raúl González Pérez, resultado de las investigaciones de la Oficina Especial para el Caso Iguala, es impresionante. En 2178 páginas (además de otras109 con varios anexos) se ofrece un recuento, colmado de información, acerca de 36 temas relacionados con la desaparición de los normalistas. La densidad de la agenda pública en las semanas recientes, pero también la amplitud de ese documento, han propiciado que en los medios no se reconozca su cardinal importancia. Se trata del recuento más acucioso que se haya realizado acerca de los hechos del 26 y el 27 de septiembre de 2014. Entre otros asuntos, se ocupa de los siguientes.
El doctor Luis de la Barreda escribió en Excélsior: “La CNDH ha actuado en busca de la verdad en un caso de gravísima violación a los derechos humanos sin dejarse contagiar por posturas interesadas en hacer prevalecer una versión subordinada a intereses políticos. Las nuevas autoridades de la PGR cuentan con sus aportaciones para atar los cabos sueltos de la investigación. Entonces, ¿cuál es el sentido de una comisión de la verdad?”.
La “Comisión de la verdad”, creada por el nuevo gobierno para esclarecer los acontecimientos en Iguala, tendría que partir del trabajo de la CNDH y no recorrer caminos ya andados. Pero, sobre todo, si realmente quiere indagar qué sucedió y por qué, tendrá que elegir entre las versiones políticamente correctas y la verdad apuntalada en los hechos, por impopular que resulte.
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