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El primer consenso que generó la iniciativa, tanto entre oposición como en algunos aliados del gobierno, fue cuestionar la técnica legislativa y los vacíos en varias definiciones fundamentales para poder aprobarla, entre ellos la definición de qué se entendería por casos de emergencia económica, quién o quiénes determinarían que estemos en este supuesto, así como por cuánto tiempo se podrían ejercer esas facultades presupuestales extraordinarias.
Al final el partido mayoritario en la Comisión Permanente no pudo obtener el voto necesario para llamar a un periodo extraordinario que le permitiría llevar la iniciativa a dictamen y votación del pleno. Entendiendo y comparto la preocupación de que la iniciativa, como venía, podría vulnerar la división de poderes y sus facultades exclusivas que generan los contrapesos, pero es sin duda una buena idea revisar los procedimientos de aprobación, redirección, manejo de excedentes y cualquier otro esquema que implique modificación y ejecución del presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados, como una de sus facultades exclusivas.
¿Es mala idea prever cómo puede agilizarse una modificación presupuestal en casos de emergencia? Mucho se hablaba de que el presidente López Obrador no la necesitaba por la mayoría que tiene en ambas cámaras, pero y si otro mandatario no la tuviera y no hubiera las condiciones políticas para llegar a acuerdos o acelerarlos, entonces qué se haría, ¿bastaría con la facultad de redirección que la constitución le da hoy al presidente?
¿Qué pasa fuera de los casos de emergencia con el presupuesto? Es ya una norma que se subestiman los ingresos y no por pocos millones, mientras que los excedentes que normalmente se dan quedan a discreción del ejecutivo y las dependencias a su mando. ¿Debería tener el legislativo mexicano mayor intervención en esos excedentes o reasignaciones, incluso funcionar más como el poderoso Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos?
Al final no se le quiso dar la facultad al actual presidente, lo acusan de querer hacer del poder ejecutivo un superpoder con facultades para mover a su antojo el presupuesto, a lo que él simplemente dijo que, al final, hará uso de las facultades con las que ya cuenta para redireccionar partidas del presupuesto. Al final todo quedará igual, pero echar al bote de la basura la discusión perjudica a la nación, ante una emergencia y aún sin ella.
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