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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destituyó este miércoles al juez Luis Armando Jerezano Treviño, tras la revelación de que es investigado por Estados Unidos desde 2014, como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En México, se le hallaron más de 20 millones de pesos que recibió presuntamente por favorecer con sus fallos a Juan José Rojas Cardona, conocido como El Zar de los Casinos.
El máximo Tribunal del país señaló que durante 2006 y 2011, Jerezano Treviño “no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo del encargo que desempeñaba en el Poder Judicial”.
Para su resolución, aprobada por unanimidad, el pleno consideró los hallazgos e inconsistencias detectadas entre las declaraciones patrimoniales del juez destituido, y la información proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Así, concluyó que “los signos exteriores de riqueza son ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera obtener por el desempeño de su puesto.
“Debido a su cargo, a la zona geográfica donde desempeñaba el mismo, y a los procesos legales en los que participó como autoridad en los que intervinieron empresas del sector de casinos, el servidor público estuvo expuesto a un mayor riesgo en la materia y no es posible determinar la procedencia lícita de los recursos cuyo origen es imposible identificar”.
Jerezano Treviño conoció de diversos juicios relacionados con permisos para la operación de casinos y fue señalado por favorecer sus intereses debido a que tenía amistad estrecha, especialmente, con los dueños de Atracciones y Vallarta.
El dictamen señala que se observaron depósitos y/o abonos en cuentas bancarias, en las que el entonces servidor público se ostenta como titular y cuyo origen no fue posible identificar.
Fueron detectados siete créditos bancarios otorgados al servidor público, seis de los cuales fueron liquidados de manera anticipada “registrándose en la referida cuenta de manera previa a los pagos, depósitos en efectivo”; así como la adquisición de dos inmuebles sin que se encuentre justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas.
Además, se registraron depósitos y/o abonos sobre los cuales se desconoce el origen de los recursos, efectuados a favor de la suegra del servidor público, quien no reportó ingresos ante el Servicio de Administración Tributaria.
Ello, consideraron, puede estar relacionado con lo que se denomina ‘riqueza negra’ (evasión fiscal), que cabe la posibilidad de que ese ingreso al patrimonio de la persona que no se registra ante la autoridad correspondiente en materia tributaria.
Además, se vincula con el dinero que es originado por una actividad ilícita; abonos y transferencias desde una cuenta del servidor público a una cuenta de la suegra, “respecto de la cual se desconoce el destino de los mismos, ya que no se cuenta con elementos de prueba fehaciente, en virtud a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no se encuentra facultada para proporcionar los datos referentes a las cuentas de terceros”.
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