Discriminación, altos niveles de marginación, exclusión social en todos los niveles, nulas garantías de los derechos humanos, abusos por parte de fuerzas de seguridad pública y migratorias, son factores que todos los días enfrentan las comunidades afromexicanas y migrantes africanos que pese a sus llamados de auxilio a las autoridades federales, han sido ignorados y dejados a sus suerte, mientras que el gobierno mediante cortinas de humo ha tratado de crear la idea en el exterior de que en México el fenómeno del racismo y la corrupción están por desaparecer.

The Black Alliance for Just Immigration (“BAJI”), una organización internacional fundada en Oakland, California, en pro de la justicia racial y los derechos de los migrantes, presentó recientemente un informe titulado “Nos tienen en la mira” - El impacto del racismo anti-negro sobre las personas migrantes africanas en la frontera sur de México”, en el que denuncia que aunque están vigentes las obligaciones legales internacionales para brindar protección de la comunidad migrante, sin distinción alguna, el gobierno mexicano ha sido reiteradamente amonestado por organismos internacionales por incumplir con estas encomiendas hacia la población afromexicana y migrante (incluida la negra y las mujeres migrantes).

El reporte, del que hicieron eco varias organizaciones mexicanas como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), destaca que en diciembre de 2019, el CERD (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, órgano dependiente de la ONU) exhibió que los afromexicanos ”siguen enfrentando discriminación, altos niveles de marginación y exclusión social.”, además de que las políticas migratorias mexicanas han violado los derechos de esta comunidad y de aquellos migrantes africanos solicitantes de asilo, al enviar a las fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional, para impedirles el paso a México, cuando su objetivo es llegar a Estados Unidos.

El reporte subraya que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, su política de puertas abiertas a los migrantes ha sido nula, y es que tras haber prometido a contingentes de migrantes empleos, escuela para su hijos, atención médica y becas a los jóvenes que quisieran quedarse a trabajar como aprendices, esto no ha fructificado por culpa de sus rigurosas políticas migratorias.

Incluso, este plan del gobierno federal cambió radicalmente, al ordenar la militarización de las fronteras sur y norte, luego de que el expresidente estadunidense, Donald Trump, amenazó a México en mayo de 2019 con imponer aranceles si no frenaba las caravanas migratorias.

La respuesta sumisa del presidente López Obrador no tardó y a los pocos días militarizó con elementos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, y en los puntos fronterizos del norte.

Aunque la atención de la federación se ha centrado en los migrantes centroamericanos, también hay un contingente menor que para el gobierno federal pasa inadvertido, y es la comunidad procedente de países africanos. Este grupo, debido a las políticas migratorias más rigurosas para entrar a naciones europeas, no ha encontrado otra opción que tratar de llegar a EU por varias rutas que los lleven primero a Suramérica y de ahí a México, donde por los operativos de contención fronteriza les ha obligado a quedarse varados en su mayoría en territorio chiapaneco.

De acuerdo con The Black Alliance for Just Immigration, se tiene registro que miles de ciudadanos africanos procedentes de Angola, Camerún, Congo, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea, Sierra Leona y Somalia, entre otros se encuentran en Chiapas.

La BAJI destaca que durante la elaboración de su reporte, se encontró que más de 3 mil migrantes africanos y caribeños estaban retenidos por la fuerza en Tapachula, muchos de ellos amenazados por personal de migración.

RACISMO.

El reporte destaca que incluso personal de migración, mediante amenazas, ha deportado a ciudadanos mexicanos a otras naciones al confundirlos con migrantes, simplemente por su color de piel, y un ejemplo es el caso de dos hermanos afromexicanos a los que funcionarios de migración intentaron enviarlos a República Dominicana, y a los que liberaron dos semanas después, una vez que su familia confirmó su nacionalidad mexicana.

Otro caso de discriminación por el color de piel lo vivió un guía de turistas, quien fue detenido en Chiapas a la salida del aeropuerto, bajo la sospecha de que era ciudadano hondureño.

El gobierno mexicano en la actualidad no reconoce la existencia del racismo y la discriminación, pero las evidencias hablan por sí solas con la asignación de recursos públicos, en la política y en el mercado laboral.

RECHAZO:

De acuerdo con una encuesta nacional realizada por el INEGI el 20 de marzo de 2020, ésta revela que el 21% de las mujeres y el 24% de los hombres entrevistados no alquilarían una habitación a una persona afrodescendiente, el 11% de las mujeres y el 12% de los hombres no aceptarían que su hijo o hija se casara con una persona afrodescendiente, y el 56% creían que los derechos de la población afrodescendiente se respetaban poco o nada.

Asimismo, un estudio de 2019 de El Colegio de México exhibe que las características físicas, particularmente el tono de la piel, son la principal razón de la discriminación en México.

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo 1, artículo 1, establece garantías con todos los derechos y beneficios que el Estado otorgue a los migrantes sin distinción. El gobierno federal ha declarado específicamente que la atención sanitaria para migrantes es una prioridad, así como la educación pública gratuita, pero en la práctica esto no se aplica.

La realidad es que las personas migrantes no siempre han accedido a salud, empleo, educación y refugio, simplemente porque funcionarios del gobierno se los han negado.

Un migrante africano denunció a la BAJI, que en Chiapas, “cuando intentamos alquilar casas, nos suben los precios o nos niegan la vivienda por completo. En los hoteles del centro de la ciudad suben los precios para los migrantes negros porque no quieren que personas negras se queden”.

En el caso de la educación, las escuelas locales en muchas de las veces no estaban dispuestas a aceptar a estudiantes migrantes negros, negándoseles el acceso a estudiar.

En lo que respecta a la salud, el reporte destaca que las mujeres africanas se enfrentan a muchos obstáculos en la entidad. Muchas de las que dan a luz en los hospitales públicos “sufren discriminación, negligencia y violencia obstétrica-ginecológica debido a su raza.” Esta discriminación incluye comentarios racistas y críticas a sus prácticas culturales. Además, algunos locales “creen que las mujeres traen enfermedades mortales como el ébola.”.

Las oportunidades de empleo son pocas, ya que existe desconfianza hacia la comunidad negra, tanto mexicana como africana, y si acceden a algún empleo la paga es menor a la que se ofrece a la comunidad que no es de color.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos destacan que el recrudecimiento de las políticas migratorias de México y Estados Unidos, aunado a la pandemia por COVID-19, han minado las oportunidades de las y los migrantes africanos para salir de Tapachula.