Opinión

El origen del Boom Inmobiliario

El origen del Boom Inmobiliario

El origen del Boom Inmobiliario

La Crónica de Hoy / La Crónica de Hoy

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, diversas investigaciones periodísticas han dado cuenta sobre los verdaderos estragos que, poco a poco, van saliendo a la luz pues hasta el momento, ya son cientos de edificaciones dañadas, muchos de los cuales pertenecen al llamado “boom inmobiliario”, que entre otros conceptos, es una serie de construcciones recientes que como nos dimos cuenta, no cumplieron con los lineamientos de construcción marcados en la Ciudad de México.

Para poner las cosas claras, recordemos que muchas inmobiliarias pertenecientes a dicho boom, surgieron a raíz del famoso “Bando Dos” decretado por Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno de esta ciudad y cuya intención fue “repoblar las delegaciones céntricas de la Ciudad de México”.

En el 2012, los integrantes de la Comisión de Investigación de Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de Construcción en Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), acordaron, como una acción necesaria, revisar y modificar los lineamientos de dicho bando, así como otras normas, pues aseguraron, el decreto “afectó a los sectores populares y benefició a las inmobiliarias”.

Es decir, en su momento, Obrador lejos de ejercer un servicio público a favor de los más necesitados, benefició a grandes inmobiliarias cuyas propiedades en condominios las venden en más de dos millones de pesos, recursos de los que carecen la mayoría de los ciudadanos.

Incluso en ese entonces, durante su comparecencia ante la ALDF, el director del Instituto de Vivienda (INVI), José Antonio Revah, dijo que el Bando Dos, “pretendía aprovechar la infraestructura de las cuatro delegaciones centrales”, (Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) pero no funcionó, pues sólo generó un aumento en el precio del uso de suelo, toda vez que pasó de dos mil 500 a siete mil pesos por metro cuadrado aproximadamente, lo que desvanece la posibilidad de construir vivienda popular en Benito Juárez o Miguel Hidalgo, por ejemplo, y con ello, de nueva cuenta queda en entredicho su slogan de “Primero los Pobres”.

Si analizamos a detalle, nos damos cuenta que el famoso decreto de Andrés Manuel fue ventajoso para los que más tienen y excluyente, pues la población de escasos recursos emigró a los alrededores de la capital, ya que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inmensa mayoría no cuenta con los ingresos suficientes como para hacerse de una propiedad como las que ofrecen las grandes inmobiliarias que para sacar mayor provecho, privilegiaron las construcciones verticales.

Por si esto fuera poco, estas compañías resultaron todo un fracaso pues aunque de los 48 derrumbes registrados por el sismo del 19 de septiembre, sólo el 10% pertenecía a edificios recientes, muchas de las construcciones que tendrán que demoler, son edificios del llamado boom inmobiliario.

Por lo anterior, recientemente desde la Comisión de Vivienda de la ALDF, han responsabilizado al tabasqueño por el famoso auge inmobiliario y no es para menos, pues las políticas de Obrador son el origen de las inmobiliarias que ahora enfrentan denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México quien abrió 40 carpetas de investigación por los edificios dañados por el sismo de 7.1 grados Richter del pasado 19 de septiembre.

Sin duda alguna, los sismos dejaron un enorme daño en una gran parte del país por lo que me sumo a aquellas voces que claman justicia luego de haber perdido todo y ahora viven literalmente en la calle por lo que urge en lo inmediato, un programa de reconstrucción de vivienda.

Y de Pilón:

Y hablando de personajes non gratos, es denigrante que exista gente que, sin ser damnificada, haya cobrado cheques que otorga el gobierno de la Ciudad de México en apoyo a los afectados por el sismo, por lo que el procurador General de Justicia, Edmundo Garrido, dijo que los abusivos serían procesados por fraude, lo malo, es que sólo podrán alcanzar una condena de seis a tres años de prisión, pena que alcanza fianza por lo que pueden quedar de nueva cuenta en libertad para seguir delinquiendo sin que nadie haga nada.

Twitter: @julioc_moreno