(Tercera y última parte)

El uso de empresas fantasma, con documentos de personas discapacitadas, y otras creadas ex profeso para recibir contratos millonarios por parte del Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC) y liquidadas tan pronto recibieron recursos públicos, están entre las anomalías denunciadas por investigadores, académicos y líderes de organizaciones sociales ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

La denuncia se presentó desde finales del año pasado. Y la UIF dio entrada mediante acuse digital compartido a este diario. Sin embargo, hasta ahora se desconocen los alcances de la indagatoria.

El objetivo, según los firmantes: quienes constituyeron el Consejo Ciudadano de Morelos, fue documentar “los altos índices de corrupción e impunidad imperantes en Morelos” y, de manera específica, el quebranto sistemático y doloso al organismo encargado del abastecimiento de agua, lo cual ha provocado la permanente violación del derecho ciudadano al vital líquido.

Conforme a la investigación, compartida a Crónica, los desvíos se ocultaron bajo la suspicaz compra de “fibras sintéticas, hules y plásticos” por un monto superior a los 117 millones de pesos entre el periodo 2017-2019, el cual incluye dos años de la gestión de Cuauhtémoc Blanco -hoy gobernador del estado- como alcalde de Cuernavaca y el primer año de Francisco Antonio Villalobos, acusado de enriquecimiento ilícito y quien dejará el cargo en unos meses.

“Durante los años referidos el gasto en este rubro presentó un incremento desproporcional. No hubo ninguna justificación para dichas adquisiciones en relación a la eficiencia física, comercial ni en las pérdidas de metros cúbicos por toma de agua, ni sobre su destino final. No fue posible comprobar que los artículos hayan sido recibidos en el almacén mediante la documentación de su ingreso o salida. Las facturas no tienen firma en los sellos de tesorería, contabilidad y presupuesto”, se describe en el documento.

“Se pudo constatar que las adquisiciones fueron a unas cuantas empresas que no aparecían en el padrón de proveedores autorizados, eran de otros estados, sobre todo de Puebla, de muy reciente creación, con los mismos domicilios fiscales y posiblemente empresas fantasma que facturaron montos millonarios y que al poco tiempo fueron liquidadas. Las ubicaciones que aparecen en facturas no correspondían a negocios para surtir los productos comprados”.

El estudio del Consejo Ciudadano de Morelos corroboró otras compras irregulares en el lapso 2017-2018 -con Blanco en el gobierno local- por al menos 100 millones de pesos.

“El problema central es la corrupción, el desvío de recursos, y la mala administración: el 60 por ciento del agua se pierde porque no hay mantenimiento a la red. Los equipos de bombeo deben trabajar las 24 horas, por eso el consumo eléctrico es muy alto. La del agua es un área que les gusta a los funcionarios, porque no es revisada por la Auditoría Superior de la Federación, y la mayor parte de sus pagos son en efectivo”, dijo en entrevista Roberto Salinas, uno de los denunciantes e investigador del Consejo y de la organización Morelos Rinde Cuentas.

“Prácticamente es un crimen contra la sociedad, porque cerca del 80 por ciento de la gente paga el agua, pero se viola su derecho: es un doble crimen, quitar y negar el servicio, se prefiere el desvío de recursos”.

-¿Qué más se ha sabido de las transas en la compra de plásticos, hules y fibras?

-Nos costó mucho trabajo obtener la información: primero se escudaron en que un virus había atacado sus computadoras, luego en un supuesto tifón que dañó la papelería. Fue hasta después de 2020 cuando comenzamos a obtener indicios sólidos y descubrimos todas estas empresas sospechosas de Puebla, que fueron creadas de manera exprés y se cerraron tan pronto culminó la transacción. Una de ellas era una empresa fantasma, en la cual usaron los documentos de un joven con discapacidad.

-¿Qué otros vicios han comprobado?

-Tenemos testimonios de cuentas que se cobran en efectivo, en las casas, y oficios que refieren más cuentas de las que se manejan oficialmente, equivalentes a más de 30 millones de pesos al año. La nómina, donde hay aviadores, se lleva más de la mitad de los recursos, y las pipas es otra fuente de malversaciones: deberían arrojar ingresos por 18 millones de pesos y únicamente se reportan entre 1 y 2 millones de pesos al año.

La pesquisa, compartida a la Fiscalía Anticorrupción y Contralorías locales, incluye un contrato signado el 2 de agosto de 2019 -ya con Villalobos en la alcaldía-  con la empresa “Capacitación Técnica y Política SC” (constituida un año antes) para realizar un dictamen sobre auditoría fiscal del IMSS. Aunque la cantidad pactada fue de 260 mil pesos, se logró seguir la hebra de otros 69 pagos sin sustento, por un total de 17.3 millones de pesos.

Cuando se preguntó al SAPAC sobre el trabajo realizado, respondió: “No se cuenta con información ni documentos del área que requirió el servicio”.

Y abarca otros desfalcos en los rubros de combustibles, “por facturación improcedente y pago a pipas que no forman parte del parque vehicular del Sistema”; arrendamientos, “por partidas de más de 25 millones sin autorización”; servicios notariales y asesoría, “por la contratación de despachos para supuestamente interponer amparos y evitar el corte de servicios eléctricos, cuando se tiene una robusta área jurídica para ello”; y capacitación, “por no tener evidencia documental o fotográfica de la prestación del servicio, y el pago de facturas canceladas después”.

Tan sólo por la corrupción en el negocio de pipas se ha registrado una fuga financiera mayor a 22 millones de pesos anuales…

“Se detectó el llenado de pipas en pozos del Sistema, por personas con quienes no se tienen obligaciones contractuales; se usurpa la función del organismo operador, lucrando una función del Estado, incurriendo en presunta defraudación fiscal, ya que no se entregan comprobantes con requisitos fiscales, sino simples notas de remisión de las que se pueden comprar en cualquier papelería, sin datos fiscales de ningún tipo”.

Ahí, aferrada a su poste de luz, doña Rosario Santos pregunta: “¿por qué los funcionarios que prometen ayudar a la gente y resolver sus necesidades se vuelven locos con el dinero y nos traicionan?”, mientras Carlos Ruiz Venegas, convertido en vocero de colonias acomodadas y marginadas unidas en un mismo fin, susurra: “¿qué culpa tenemos nosotros de sus desencuentros políticos y ambiciones? El agua es un derecho, y pelearemos hasta el final”…