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La administración pública mexicana atraviesa por una serie de cambios y transformaciones desde el ámbito jurídico y a nivel organizacional, que durante mucho tiempo habían permanecido intactas.
El crecimiento de la población, una mayor demanda de los servicios públicos y el incremento de las obligaciones legales del Estado para la ciudadanía, han aumentado el gasto público de una manera considerable. Por otro lado, las coyunturas económicas en épocas de auge y bonanza, fueron creando un aparato administrativo cada vez mayor, y por ende, mayor gasto corriente en el presupuesto federal. Tan sólo en el 2015, el 81.7% del Presupuesto lo conformó el gasto corriente y sólo 18.3% se destinó a la inversión. A las dependencias que conforman los ramos administrativos se les asignaron 271,561 millones de pesos a servicios personales, monto que representa 30.2% del gasto corriente y 24.6% del Presupuesto de Egresos.
Un estudio realizado por Consultores Internacionales S.C. refiere que entre el periodo 2000-2012 el gasto devengado en servicios personales en todos los órdenes y niveles de gobierno creció 141.6% en términos nominales. A su vez, en las entidades federativas y los municipios el gasto creció 152% en el mismo periodo de estudio, y en los Ramos Autónomos que incluyen los poderes Judicial y Legislativo, así como el INE y la CNDH, crecieron 283.7% en los mismos términos.
Aunado a lo anterior, la falta de transparencia, la corrupción y el uso ineficiente de los recursos públicos ha generado una gran inconformidad en la ciudadanía, ante el magro desempeño en algunas áreas de la administración pública en la prestación de los servicios a cargo del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.
Sin embargo, es innegable que el actual gobierno, de la mano con el Poder Legislativo y los principales partidos en el denominado Pacto por México, han hecho esfuerzos y cambios legales sin precedentes que trasforman a la administración pública, y modernizan la forma en que ejerce sus funciones el Estado. Las reformas en materia de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a las leyes de Contabilidad Gubernamental, el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, cambios en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, en la ley de Obras Pública, por mencionar algunas, permitirán en el corto y mediano plazo hacer un gobierno más eficaz y eficiente.
Los servidores públicos hemos asumido con responsabilidad, el Decreto de finales de 2012 que estableció las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, como una de las primeras medidas de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Ante la situación adversa por la que atraviesa nuestro país como resultado de un entorno económico internacional complejo, estamos obligados a instrumentar políticas de austeridad en el ejercicio de nuestras funciones.
Saludamos las recientes medidas de austeridad que han tomado el Gobierno de la República y algunas entidades federativas. Así como los Acuerdos de austeridad y disciplina presupuestaria del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Sin embargo, consideramos que es imperativo, y es el momento oportuno, de hacer una revisión integral y detallada del presupuesto público destinado al gasto corriente, para que los servidores públicos podamos desarrollar de manera eficaz y eficiente el ejercicio de nuestras funciones.
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