A tan solo dos meses de las elecciones, en las que el primer ministro Mark Rutte buscará la reelección, el gobierno de Países Bajos dimitió en bloque este viernes acechado por un escándalo de ayudas sociales a unas 26 mil familias con hijos, que fueron acusadas de fraude, sin fundamento, lo que las dejó en la ruina en muchos casos.
Esta es la segunda vez que Rutte se ve obligado a presentar su dimisión como jefe de un gobierno. En 2012, tras perder el apoyo de la ultraderecha para sacar adelante sus medidas de austeridad, renunció al cargo para volver a convocar elecciones en las que salió ganador y logró formar una coalición con los socialdemócratas, a los que también salpicó esta polémica al haber estado en el gobierno que dirigía el país hasta 2017, en pleno escándalo.
Pero el político liberal confirmó que continuará al frente de su partido como cabeza de listas para las elecciones del 17 de marzo y buscará su cuarta reelección, tal y como auguran también las encuestas, que de momento le dan incluso más escaños de los que tiene ahora.
La afirmación que más han repetido los ministros salientes para justificar la dimisión es la necesidad de todos de “asumir toda la responsabilidad por la violación de los principios fundamentales del Estado de derecho”, aunque también creen necesario indemnizar lo antes posible a todas las víctimas por el daño causado.
Rutte admitió que se ha “criminalizado a personas inocentes, cuyas vidas fueron destruidas” cuando se acusó a miles de familias de haber defraudado a la Agencia Tributaria, sin argumentos ni fundamentos, y consideró que el informe que resultó de la investigación de un comité parlamentario es “duro, pero justo” para las dimensiones del escándalo.
Al igual que sus ministros, el todavía jefe del gobierno considera que las cosas "se hicieron terriblemente mal” y Añadió que "esto no puede y no debe volver a salir mal". Asimismo, Rutte lamentó que "el gobierno no haya cumplido con sus propios altos estándares", lo que supone un "fracaso sistémico que no puede quedar sin consecuencias", según concluyeron de forma "completamente unánime" los cuatro partidos de la coalición.
Desde 2014, la Agencia Tributaria envió cartas a las familias con hijos para acusarlas de fraude a las autoridades fiscales y por mucho que justificaban su necesidad de recibir esas ayudas para pagar las guarderías, con documentos que incluían contratos de trabajo y facturas, los subsidios seguían bloqueados.
Más tarde, se demostró que la mayoría de las víctimas tenían orígenes extranjeros, principalmente marroquíes o turcos, que, además de ver bloqueada la subvención, se vieron obligados a devolver decenas de miles de euros en plazos que no superan unas semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa y su trabajo para reunir el dinero.
El jefe del gobierno anunció que los padres que han sido discriminados tienen derecho a una compensación adicional, que en diciembre había establecido en 30 mil euros, y anunció que establecerá una comisión estatal para que investigue la discriminación y el racismo por parte de las instituciones, y el papel que eso ha jugado en lo ocurrido.
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