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A partir de este año, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) podría ser autosuficiente económicamente, a partir del cobro por visitar dichas zonas.
Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señaló que lleva a cabo gestiones con la Secretaría de Hacienda, para que el pago por acceder a las áreas naturales protegidas quede en manos de la propia Comisión y no se vaya a la Tesorería.
“Necesitamos fortalecer a la Conanp, como lo hemos venido haciendo, porque necesitamos una Conanp que garantice que suficiente porcentaje de nuestro territorio, que es área natural protegida y ecosistema marino, se conserven y presten los servicios ambientales que están prestando y que incluso se mejoren.
“Para eso necesitamos dinero, poderle incrementar un poco más de presupuesto a la Conanp”, dijo Pacchiano.
La intención es que la Comisión “ya no dependa de la voluntad del secretario de Hacienda para que la Conanp sobreviva”.
Para este año, según establece el Presupuesto de Egresos 2018, la Semarnat canalizará al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 138 millones 022 mil 523 pesos, en tanto que para los Programas de Manejo de las ANP erogará 121 millones 524 mil 32 pesos.
Además, destinará 75 millones de pesos para la protección y conservación del ANP Archipiélago de Revillagigedo.
Pacchiano señaló que el autofinanciamiento de la Conanp será con los recursos que pagan quienes visitan áreas naturales protegidas, aunque actualmente no en todas se cobran derechos de acceso, como son los casos de Tulum, en Quintana Roo, y Valle de Bravo, en el Estado de México.
“Y en donde se cobran derechos, se cobra muy poco, comparado con otros lugares del mundo; así que estamos preparando un esquema entre la Conanp y Hacienda, ojalá eso lo podamos dejar ya amarrado”, indicó.
Existen áreas naturales protegidas, abundó, donde el pago que se recibe se divide en dos partes, una federal, que se va a la Tesorería, y otra va a la localidad, como sucede en el Santuario de la Mariposa Monarca.
En el caso de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, se paga un derecho federal y uno local, éste último se subdivide entre las comunidades y un fondo de preservación, para garantizar que haya más supervisión.
Pacchiano resaltó que en esta administración incrementó en tres veces el número de ANP y todas tendrán su plan de manejo este año.
“Vamos a dejar una Conanp que además tiene el acompañamiento de la Gendarmería Ambiental y con eso garantizamos la integridad en las Áreas Naturales Protegidas de quien las cuide y de quien las visite”, expresó el secretario.
Además se terminará con las plazas eventuales y el cien por ciento serán de base.
“Cuando nosotros entramos a esta administración el 50 por ciento de las plazas de Conanp era eventual, que vencen cada tres meses, y en el tercer mes se tienen que persignar a ver si les van a renovar el contrato o no, y así es muy difícil trabajar, sobre todo cuando tienen que estar en lugares remotos, en esas condiciones laborales.
“Ahorita ya tenemos el 90 por ciento de plazas de estructura, ya nos faltan muy poquitas, el chiste es poderlas hacer de estructura el próximo año y dejar una Conanp fuerte, con todos los recursos que requiera, con capacidad financiera”, expresó Pacchiano.
Sin embargo, a diferencia de la pretensión de otorgarle autosuficiencia económica a la Conanp, la Semarnat aún no ha publicado el decreto para que las multas por daño ambiental no vayan a la Tesorería, sino que se cree el Fondo de Responsabilidad Ambiental.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Semarnat debe expedir las bases y reglas de operación del Fondo, con la participación la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), instituciones académicas y organizaciones sociales.
El Fondo tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera a la Semarnat o la Profepa durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.
La Ley establece que el Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Semarnat, y su patrimonio se integrará con las sanciones económicas aplicadas a quienes causen daños al ambiente y los recursos que obtenga por cualquier otro concepto.
El patrimonio del Fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente.
Y aunque el Fondo debió ser constituido y sus bases y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto, que fue el 7 de julio de 2013, esto no ha ocurrido.
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