Frente a la disyuntiva por las implicaciones que representa el regreso a clases nadie debe olvidar que la educación es el mayor patrimonio que cada mexicano puede recibir y es, además, la mejor herramienta que permite a cada persona consolidar sus beneficios en lo individual y contribuir a que nuestro país sea más competitivo en el contexto global.
En ese sentido, la semana pasada, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el decreto por el que se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal y se expide la Ley de Educación de la Ciudad de México que, entre otras atribuciones, reconoce el derecho de los educandos a la protección y a la educación emocional, basados en un ambiente de equidad, igualdad sustantiva, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
En término prácticos, se trata de una modificación legislativa con la que, a partir del próximo ciclo escolar, en las escuelas públicas y privadas de la capital del país, se incorporarán nuevas asignaturas como: civismo, reproducción humana, planificación familiar y paternidad y maternidad responsable, entre otras.
La labor educativa es incuestionable para la consolidación de valores y virtudes que propicien el desarrollo en concordancia con las normas de convivencia que regulan la vida social y que cimentan la relación de las personas con su localidad, su estado y la nación, por ello llama la atención la reasignación de civismo, materia que refiere a los derechos y obligaciones de los ciudadanos y a las pautas mínimas de comportamiento social que permiten convivir en colectividad, la cual, en el año 2002, fue derogada de todos los programas de estudio.
Hoy, este hecho merece el reconocimiento y apoyo para que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, atienda este ordenamiento y que, mediante los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria, se retome la trascendencia del civismo en la formación de los habitantes de la capital.
La nueva Ley también incluye materias relativas a enfermedades de transmisión sexual, prevención y detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino, educación ambiental, cuidado del agua y los animales; además hace obligatoria la impartición de clases y cursos en lengua de señas, escritura braille, educación tecnológica y la progresividad de derechos en las escuelas de educación primaria y secundaria.
De igual manera, establece que en los niveles de primaria, secundaria, media superior y superior, se podrán adoptar modalidades escolarizada, a distancia, no escolarizada y mixta. En relación al sistema escolarizado, ningún grupo rebasará los 30 alumnos y ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente que no cuente con la certificación o documento que le acredite para la docencia.
Asimismo, en la búsqueda de mecanismos que brinden seguridad física y emocional y aseguren el desarrollo integral de los estudiantes, la nueva legislación local, reconoce al bullying o acoso escolar, como un fenómeno que causa gran sufrimiento y severas repercusiones a las víctimas, tanto a corto como a largo plazo; ante ello prevé implementar medidas para su atención y prevención; al respecto las escuelas deberán contar con personal de apoyo especializado en psicología, que contribuya a la prevención y solución de conflictos; en este esfuerzo se incluye la participación de madres y/o padres de familia o tutores y autoridades escolares para el control interno, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes respetarán en todo momento los derechos humanos de los menores.
También, deberán incorporarse planes educativos que garanticen el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, migrantes y jornaleros agrícolas. Ello, con la finalidad de contribuir al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita que mantengan vigentes en su uso y comprensión de las lenguas indígenas nacionales.
La ley establece que los centros educativos deberán proporcionar a las niñas y niños con algún tipo de discapacidad, materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico; de manera específica, para el caso de personas ciegas, deberán contar con equipos computarizados con tecnología y todos aquellos apoyos didácticos, materiales y técnicos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación especial de excelencia.
La nueva norma ordena a las escuelas desarrollar programas educativos tendientes a la prevención cuidado de la salud como parte de la materia de educación sexual. En ese tenor para el caso del nivel Primaria, fomentará en los menores el conocimiento integral de su cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables; en tanto en el nivel Secundaria, se reforzarán los conocimientos sobre la sexualidad integral; la privacidad, el consentimiento, la autonomía sexual, la prevención de la violencia sexual, así como la orientación sexual, expresiones de género y la identidad sexual.
Destaca también, que habrá materias extracurriculares, cuyos contenidos incluirán conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, además del fomento a la protección al medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, a fin de propiciar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
Cabe decir, que la nueva Ley busca enfatizar el aprendizaje de los alumnos, la dignificación de la tarea docente y la participación corresponsable de madres, padres y tutores en la acción de la enseñanza; además establece competencias específicas para la Autoridad Educativa Local en materia de oferta de servicios en este ámbito.
La educación es determinante para la conformación de toda sociedad y es mediante la responsabilidad de la escuela donde los estudiantes se fortalecen y se les dota de con las condiciones para enfrentar los riesgos de la vida. Por ello, al derogar la Ley de Educación del Distrito Federal y en su lugar expedir la nueva Ley de Educación de la Ciudad de México, se contribuye a garantizar el derecho humano y constitucional para cada habitante de una de las ciudades más importantes del mundo.
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