Más de la mitad de los municipios del país tendrán nuevas autoridades en las próximas semanas y meses. Se trata, quizá, del cambio simultáneo de gobiernos locales más grande en la historia del país, al menos desde el siglo XX. Los retos que enfrentarán son enormes, y las capacidades y recursos de que disponen para ello son, en la inmensa mayoría de los casos, limitados, por decir lo menos.

Entre los múltiples problemas que estarán obligados a atender y resolver, se encuentra el de la disposición final de los desechos sólidos que se generan en sus demarcaciones; lo cual plantea el problema de cómo lograr que las poblaciones generen cada vez menos basura, y que su disposición final, reciclaje o reutilización se lleve a cabo de manera más intensiva, pero también rentable para las autoridades municipales.

En ese sentido, destaca que, de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda, presentado este año por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, únicamente el 49.6% de la población declaró que separa los residuos de sus viviendas en orgánicos e inorgánicos; un 51.6% declara que separa desperdicios para alimentar animales; el 34% separa desperdicios para “echarlos a las plantas”, mientras que el 58.33% separa cartón, latas o plástico para vender, regalar, donar o reutilizar.

No debe olvidarse que, de acuerdo con el propio Censo, en el país hay 34.89 millones de vivienda, lo cual implicaría que prácticamente 17.5 millones de viviendas no separan sus residuos en orgánicos e inorgánicos. Amén de que, cuando ocurre, no siempre los sistemas de recolección municipales respetan esa separación, pues en los camiones que se utilizan no se cuenta con contenedores que separen la basura al menos en esas categorías.

Sobre el tema hay múltiples aristas, y una de ellas es la relativa a la corrupción que persiste en numerosas alcaldías, en las que la opción que se toma es la de concesionar el servicio de recolección de basura, mediante contratos auténticamente leoninos y en condiciones de total desventaja para los municipios, pues en el clausulado es común que se establezca que la reutilización, reciclaje o comercialización de materiales como el cartón, el vidrio, diversos metales y el “PET”, se llevará a cabo por y para las empresas concesionarias.

Es de destacarse que las entidades donde, según los datos del INEGI se separa en menor medida a la basura en desperdicios orgánicos e inorgánicos son en su mayoría entidades del norte y del Occidente del país. En efecto, donde menor porcentaje de viviendas registran la separación señalada es Sonora, con apenas un 21.14%; Sinaloa, con 23.65%; baja California, 24.54%Chihuahua, 24.75%; Tamaulipas, 25.63%; Baja California Sur, con 27.24%; Nuevo León, 30.87%; Coahuila, 31.78%; Nayarit, 33.41%; y Colima, con 35.57%.

En contraste, las entidades donde mayor condición de separación de residuos se realiza son: Ciudad de México, con 90.82%; Oaxaca, 72.77%Yucatán, 63.18%; Puebla, 62.36%; Tlaxcala, 61.20%; Morelos, 59.26%; Hidalgo, con 58.01% y Estado de México, con el 56.37%

¿Qué explica esta tendencia, en la que entidades de alto ingreso y bajos niveles de pobreza se da una baja tasa de separación de residuos en los hogares, y que, en varias entidades con altos niveles de pobreza, sí se esté registrando tales prácticas, necesarias, pero sobre todo urgentes, para mejorar las condiciones medioambientales en el país?

La respuesta a esta pregunta debe conducir desde luego al aprendizaje de las mejores prácticas, que pueden ir desde la existencia de legislaciones eficaces, y su adecuada implementación en la política pública, hasta la generación del desarrollo de infraestructura para el manejo adecuado de los residuos, como la existencia de plantas recicladoras, o rellenos sanitarios que cumplan con las leyes y normatividad existente.

De acuerdo con el informe titulado Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, 2020, elaborado por la SEMARNAT, en México se producen de manera diaria, .944 kilogramos de basura per cápita, lo cual, para una población de 126 millones de habitantes representa alrededor de 119 mil toneladas diarias de desperdicios.

De esa cantidad, 31.56% son residuos susceptibles de aprovechamiento, 46.42% son residuos orgánicos; y el 22.03% corresponde a la categoría de “otros residuos”; al respecto, el informe indica que el país cuenta con sólo 16,615 vehículos para la recolección de la basura, de los cuales, únicamente el 59.3% tiene sistemas de compactación; y un dato mayor: 29% de esos vehículos son modelos anteriores a 1994, es decir, vehículos construidos antes de la emisión de las normas más recientes y relevantes en materia ambiental y de disposición de residuos.

Asimismo, sólo en 144 de los más de 2,400 municipios que hay en el país se lleva a cabo una recolección separada de residuos; municipios que se concentran en solo 23 de las 32 entidades federativas del país. El dato en ese sentido es preocupante, pues únicamente el 5% de los residuos totales generados en México se recolectan de manera separada, de los cuales, alrededor de 2 mil toneladas corresponden a residuos orgánicos y 3,219 toneladas a residuos inorgánicos.

Otro dato preocupante: en 2020 existían en todo el país únicamente 47 plantas donde ser realizan procesos de separación, de trituración, compactación, reciclaje, compostaje y biodigestión.

Por su parte, se tiene registro de 2,203 sitios de disposición final de residuos, en los cuales sólo el 16.3% tienen infraestructura de captación de lixiviados; solo el 9.67% tiene infraestructura para captación de biogás; 14.8% cuenta con geomembrana para aislar los suelos; únicamente 43.55% cuentan con cerca perimetral; y el 47.8% no tiene infraestructura para la protección del medio ambiente.

La cuestión es de la mayor importancia, pues de ello depende en buena medida el grado de cumplimiento de los derechos ambientales que tiene el país.