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El presidente Echeverría Álvarez acuñó la frase “la economía se maneja desde Los Pinos” cuando despidió al secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margain, después de una polémica propuesta de reforma fiscal que fue aplazada para mejores tiempos. En su lugar nombró a su amigo de la infancia, José López Portillo, quien lo sucedería en el cargo. Esta afirmación tiene dos supuestos: la política impera sobre la economía y la política se concentra en el titular del Poder Ejecutivo, cuya aplicación condujo al desastre y a una crisis prolongada por más de diez años.
Durante más de dos décadas, la tendencia de las reformas constitucionales fue desmantelar la institucionalidad que permitió que esa frase fuera efectiva. Un límite importante al manejo presidencial de la economía fue la transformación del Banco de México en un órgano constitucional autónomo y la profunda reforma administrativa del Estado que ha creado órganos con una amplia autonomía de gestión, funcional y presupuestal, ajenos al añejo corporativismo autoritario que sostuvo al “antiguo” régimen previo a la transición democrática.
Lo anterior, redujo significativamente los instrumentos jurídicos a disposición del Ejecutivo Federal para llevar a cabo la rectoría económica del Estado y la responsabilidad se compartió con otros entes estatales no gubernamentales, pertenecientes a los poderes públicos o no subordinados a éstos. La gobernanza en materia de política económica hoy es una realidad e incluso en su definición y ejecución participan activamente organizaciones de la sociedad civil. La planeación del desarrollo centralizada en la administración pública es escasa, indicativa e ineficaz en lo concreto.
Sin embargo, un fenómeno de los últimos años es que las decisiones de conveniencia política empiezan a tener más peso que la racionalidad económica en el comportamiento de los entes estatales y organizaciones de la sociedad civil al momento de fijar sus posturas frente a la opinión pública que, periódicamente, se convierte en electorado. Las instancias técnicas de contención a ese comportamiento son el Banco de México, Inegi, Ifetel y Coneval.
Estos órganos autónomos se ponen a prueba cuando las fuerzas políticas presionan para ser ellas las que manejen la economía sin límites, sin tomar en cuenta los datos duros. En este escenario, se multiplican los ofrecimientos de apoyo a grupos sociales o reformas legislativas sin sustento real.
De esta manera no es extraño escuchar: los dreamers deportados serán aceptados en las universidades públicas, cuando el año pasado hubo alrededor de 120 mil aspirantes a poco más de 7 mil lugares disponibles en la UNAM; o la supresión del salario mínimo como referente para la fijación de sanciones, montos de créditos, pago de mensualidades, entre otros supuestos, será el detonante para el crecimiento del salario real, cuando según cifras del Coneval, responsable de la medición de la pobreza, existe una reducción de la pobreza laboral en los dos últimos años debido a una menor inflación y un mayor dinamismo en la creación de empleos.
La posibilidad efectiva de otorgar educación superior a los dreamers deportados depende de que haya recursos presupuestales e infraestructura suficiente, mientras que el crecimiento del salario real de que aumente la productividad laboral. Lo anterior no se obtiene por arte de magia con acuerdos políticos oportunistas, promesas de campañas triunfadoras o nuevos derechos conquistados en leyes progresistas.
La tentación de manejar la economía desde los espacios políticos, tanto de aquellos que provienen de la democracia representativa como de la participativa (referéndum, plebiscito o consulta popular) existe, y sus efectos negativos, si se cae en ella, pueden ser tan devastadores como los que se producen en los regímenes autoritarios.
La supresión de un subsidio (el gasolinazo), la oposición a crear nuevos programas sociales sin sustento presupuestal cierto y la negativa a ceder a las presiones de grupos movilizados o poderosos en demanda de mayores recursos económicos no suele ser políticamente correcto o redituable. Esto es lo que preocupa cuando en Los Pinos, sobre la base de un análisis de costos políticos, se toman decisiones relacionadas con los precios de los energéticos. No porque sea un acto de regresión autoritaria, sino porque la nueva institucionalidad de la transición democrática genera esta dinámica. Esperemos que el 2018, año electoral, no deje una secuela de compromisos al candidato ganador que carezcan de sustento económico.
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