El Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), realiza investigaciones en contra de funcionarios adscritos a la delegación de ese instituto en Puebla, por posibles violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Fuentes de la SFP revelaron que las indagatorias son contra el delegado Enrique Doger Guerrero, así como el subdelegado responsable de Zona Norte, Jaime Fabián Meléndez Carreola.
De acuerdo con información de la SFP, existen varias líneas de investigación. La primera está relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de la licitación No. LA-019GYR006-E109-2017, en donde al parecer se trató de beneficiar a una empresa con el contrato del servicio integral de Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA) para pacientes prevalentes, omitiendo en las bases del concurso la descripción del cuadro básico, además de no estar presente el testigo social y el representante del OIC.
Por otra parte, el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) de la SFP ha recibido múltiples denuncias sobre el origen del patrimonio del delegado del IMSS, Enrique Doger. En su declaración inicial como titular de la representación en esa entidad, presentada el 26 de mayo de 2016, el funcionario no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales y no estuvo de acuerdo en declarar un posible conflicto de interés.
El Registro Público de la Propiedad reporta que el también ex diputado federal y ex presidente municipal es dueño de un terreno en la Hacienda San Bartolo, así como una casa ubicada en la colonia Lomas del Mármol en el municipio de Puebla.
Una fuente de la SFP reveló que, de acuerdo con la información recibida en el SIDEC, Doger Guerrero, es señalado como propietario de por lo menos cuatro inmuebles, uno de ellos donde al parecer vive actualmente, ubicado en la calle Vista Sol en La Vista Country Club, San Andres Cholula, Puebla. La residencia tiene una extensión de 900 m2.
El total de percepciones netas de un delegado del IMSS es de $87,039.65, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
Las denuncias en el SIDEC indican que las tres viviendas restantes se localizan en el Fraccionamiento Lomas de Atoyac; en calle 7 Sur número 3506, colonia Gabriel Pastor y en calle Rincón de los Sabinos número 8, manzana 6, lote 14, Club de Puebla, Rincón de Arboledas.
Fuentes de la SFP indicaron que otra de líneas de investigación está relacionada con la empresa Grupo de Investigación y Seguridad Privada de Puebla con domicilio en calle 29 Oriente, colonia Ladrillera de Benítez, Registro Público número3251713, vinculada a quien fuera la cónyuge de Doger Guerrero.
La empresa se transformó a COPRISEG Seguridad Privada, S.A. de C.V., con registro federal de causantes CSP 090204 ST1 y domicilio fiscal en calle Montecito número 38, piso 39, colonia Nápoles, ciudad de México. El representante legal es Sergio Daniel Sánchez Soto, quien trabajó para Enrique Doger Guerrero.
COPRISEG con número de escritura 62,761 del 4 de febrero de 2009, fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio mercantil 39,409 con fecha 25 de febrero de 2009; cuenta con registro ante la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal bajo el número DPSP/157-09/1419.
De acuerdo con el portal de compras del IMSS, la empresa obtuvo un total de 26 contratos del 31 de diciembre de 2011 al 28 de febrero de 2014 con un monto total de $121,041,578.14. De los 26 contratos reportados, 13 corresponden al estado de Puebla; siete a Tlaxcala y cuatro en Sinaloa. De 2011 a 2014, Enrique Doger Guerrero fue diputado local y posteriormente diputado federal.
Por último, otra de las investigaciones que encabeza la SFP está relacionada con el expediente número 247/16/8M del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en donde empresas constructoras, particularmente, Constructora Buvecsa, S.A. de C.V., señalan que el titular de la Subdelegación Jaime Fabián Meléndez Carreola, condiciona colocar unidades de transporte a nombre de su familia a cambio de corregir adeudos de aportaciones al IMSS.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) podría amonestar, dictar una sanción económica, solicitar la destitución o dictaminar la inhabilitación del servicio público. También tiene la facultad de dar visto al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes por los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y cohecho.
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