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Las elecciones celebradas el pasado 1 de julio han sido las peores que haya experimentado el PRI desde su fundación en 1929 (entonces nació con el nombre de Partido Nacional Revolucionario PNR; después cambiaría, en 1938, a Partido de la Revolución Mexicana PMR para finalmente adoptar, en 1946, el de Partido Revolucionario Institucional). Los números no mienten: Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53.17% del voto ciudadano para alzarse con la victoria y convertirse en el Presidente Electo para el sexenio 2018-2024; Ricardo Anaya sacó el 22.27%. El tercer lugar fue ocupado por José Antonio Meade con el 16.42%.
De las nueve gubernaturas en disputa, el tricolor perdió Jalisco y Yucatán. En el Senado de la República, compuesto por 128 representantes, el partido fundado por el general Plutarco Elías Calles, tuvo, en el trienio 2015-2018, 55 curules; ahora quedó reducido a 15. Pero acaso el sacudón mayor se registró en la Cámara de Diputados, compuesta por 500 representantes: en la anterior Legislatura (2015-2018) el PRI contaba con 202 escaños; ahora en la 64° Legislatura quedó reducido a 47 diputaciones.
Se trata de un castigo electoral severo que los priistas deben reconocer y poner, seriamente, en el tapete de la discusión.
La explicación más inmediata de este descalabro se encuentra en las elecciones del 5 de junio de 2016, cuando el Revolucionario Institucional perdió siete de las doce gubernaturas en juego. Cuatro de esas gubernaturas jamás habían estado en otras manos que no fuesen priistas: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. El PAN recuperó Chihuahua. Además, el blanquiazul, ganó Aguascalientes, Veracruz, Durango, Tamaulipas, Puebla y Quintana Roo.
A consecuencia de este varapalo, el dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, presentó su renuncia el 20 de junio de 2016. El sonorense asumió los costos del descrédito en el que habían caído gobernadores como Javier Duarte en Veracruz, Roberto Borge en Quintana Roo y César Duarte en Chihuahua, además de echarse a cuestas el creciente descontento contra una política económica que—pese a los pronunciamientos oficiales—estuvo diseñada, desde un inicio, para favorecer la concentración de la riqueza y provocar el empobrecimiento de la gran masa de la población.
Los tecnócratas aprovecharon la salida de Beltrones para colonizar al PRI. Afloró, así, la disputa entre políticos y tecnócratas. Estos últimos lograron poner a la cabeza del tricolor a Enrique Ochoa, amigo de Luis Videgaray, jefe de los econócratas como también los nombra Luis F. Aguilar Villanueva. El 10 de agosto de 2017 este grupo de neoliberales logró que se reformaran los estatutos (artículo 181) del PRI para permitir la postulación de un ciudadano sin trayectoria partidista, a la Presidencia de la República. Esa reforma también eliminó el requisito de tener, por lo menos, 10 años de militancia, para los aspirantes a la candidatura presidencial.
El resultado, como se sabe, fue la postulación de José Antonio Meade como candidato del PRI. El propósito era garantizar la continuidad del modelo neoliberal y asegurar el control político del país. Pero, muchos priistas hicieron “huelga de brazos caídos”: no admitieron a alguien que les fue impuesto y quien, además, nunca había estado en campaña ni sabía cómo comportarse delante de auditorios populares. Meade jamás entendió cómo proceder ante gente extraña a su ambiente habitual.
Otra referencia que vale la pena traer a colación es lo ocurrido en 2006, cuando el PRI quedó en tercer lugar con la candidatura presidencial de Roberto Madrazo. En esas elecciones se le adjudicó a Felipe Calderón el 35.89%, a Andrés Manuel López Obrador el 35.33%; apenas hubo una diferencia de 0.56% entre el primer y el segundo lugar, lo que provocó movilizaciones, protestas y acusaciones de fraude electoral.
Hace doce años el PRI estaba fracturado entre gobernadores simpatizantes y opositores a Madrazo (Se formó el Tucom, Todos Unidos Contra Madrazo). El tricolor contaba con 17 gobernadores.
Quienes vinieron a unir y levantar al PRI, fueron: Beatriz Paredes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional; Jesús Murillo Karam, secretario general y Arnoldo Ochoa, secretario de Organización.
Dos años después el PRI estaba en primer lugar: en la Cámara de Diputados obtuvo el 36.68%, el PAN el 27.98% y el PRD el 12.20%. Y contaba con 19 gobernadores.
En 2012, aparte de ganar la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, el tricolor alcanzó 212 diputaciones y 20 gubernaturas, mismo número que en 2015.
No es exagerado afirmar que Beatriz Paredes fue quien llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Lo paradójico es que, como premio, le dieron el exilio: la embajada de México en Brasil. Las intrigas palaciegas obraron en su contra. Los tecnócratas la vieron como una amenaza.
La conclusión es que en el sexenio que está por terminar el gobierno priista dilapidó un capital político que se recuperó con grandes dificultades. Lo primero que deben hacer los priistas es volver a poner los candados para que no se les cuelen de nueva cuenta quienes los llevaron a la derrota.
La política económica del neoliberalismo ha muerto; sus artífices se han ido al basurero de la historia.
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