Por su nexo con una red de empresas fantasma involucradas en el desvío de millones de pesos, con las que José Luis Higuera Barberi y el empresario colombiano-mexicano Manuel Ignacio Vejarano Restrepo, dueño de las clínicas Láser Visión también son investigados, el empresario sonorense Ramón Alonso Soto López se encuentra en la mira de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF).
Soto López también ha estado bajo averiguación por fraude por ser socio de la guardería Caminito Feliz en Hermosillo, Sonora, y quiem fuera Director Administrativo del DIF durante el sexenio del exgobernador de esa entidad, Armando López Nogales (1997-2003), fue inhabilitado por 10 años en 2008 tras comprobarse la comisión de fraude a dicha dependencia, ocasionando un daño patrimonial al erario por 4.5 millones de dólares en 2003.
El nombre de Ramón Soto López resuena nuevamente como parte de la investigación iniciada por la UIF, por ser una de las personas físicas identificadas como presta nombres en las 324 empresas fantasma que interactúan con empresas legalmente constituidas pero que realizan operaciones financieras fuera del marco legal.
De acuerdo con diversas fuentes, el manejo de activos se da a través de depósitos en efectivo y transferencias bancarias a través de personas físicas y empresas que son identificadas como: Chiva o José Luis Higuera Barbieri; Visión o Manuel Ignacio Vejarano Restrepo; MAU o Mauricio Aramburo Sánchez; Ganaderos o Pérez Salazar; SAFARI o León de la Barra de la Garza Evia y a Ramón Alonso Soto López.
Con diversas facturas entregadas por las empresas fantasma, junto con Comprobantes Fiscales Digitales, la facturera Comercializadora Torres Nova, Comercializadora Vila Nova, Soluciones Tecno Profesionales OGS, Administrador de Factor Humano Eureka, Money Maker, Tecnoff Servicios Especializados, Grupo Moravid Asesores, Comercio y Negocios Golden Field, Frumentarii y Servicios Empresariales Ozhiel tuvieron diversas transacciones con las clínicas Láser Visión.
Por su parte, Soluciones Tecno Profesionales OGS, presentó un amparo el 2 de septiembre de 2020 para impedir el congelamiento de sus cuentas bancarias por la UIF, solicitud que fue negada por el juez.
En su momento el Sistema de Administración Tributaria (SAT) reporto que las empresas Comercializadora Torres Nova y Comercializadora Vila Nova eran utilizadas, como empresas fachada, bajo el esquema de contribuyentes con operaciones inexistentes, debido a que no tenían trabajadores.
Las investigaciones a esta red de empresas fantasma, derivaron en indagatorias individuales contra los accionistas de Franllutti que se dividían en el 50 por ciento las acciones, como es el caso de Luisa López Calderón quien tiene participación en 16 empresas y como representante legal de 10 empresas; mientras que Daniel Álvarez Toledo, quien está muerto es accionista de 5 empresas y representaba 4; por su parte, María Gaudelia López Enríquez, quién no tiene una actividad financiera participa como accionista en 15 empresas y representa 13.
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