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En esta semana, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, informó que una tendencia registrada en los últimos años es la reducción de la pobreza en varias de sus categorías, como alimentaria, de capacidades y de patrimonio. El INEGI, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) destacó las fuertes diferencias regionales en el ingreso y el porcentaje del mismo que las familias destinan a la educación que representa el 12.4 por ciento.
La divulgación de las cifras de pobreza debe mover a la reflexión sobre el camino trazado hace años por gobiernos federales y estatales de distinto signo partidista. Es una tendencia positiva, que hace pensar que hemos avanzado en materia de empleo y productividad, pero no hay que olvidar que también está soportada con gasto asistencial —pensiones a adultos mayores y apoyos alimentarios—. ¿En qué grado el gasto social finca bases sólidas para que haya un combate más efectivo y rápido de la pobreza? ¿A qué se debe destinar el presupuesto? La respuesta más obvia es a la educación.
¿Por qué las familias destinan parte de su ingreso a la educación? Simplemente, porque no todo el servicio educativo es gratuito. ¿Cuál es el ideal? Que los hogares más pobres destinen menos del 5 por ciento de su ingreso en educación y los servicios e insumos relacionados con la misma se provean vía transferencia presupuestal, de tal forma que las aportaciones de los contribuyentes se destinen con mayor prioridad para la educación de los niños en zonas marginadas y los impuestos sirvan para igualar oportunidades.
El diseño de este tipo de políticas públicas cuenta con información fidedigna en la medida que los organismos que producen las cifras son órganos constitucionales autónomos que no dependen de los gobiernos y que los datos son objetivos respecto a los avances y rezagos. Hay metodologías publicadas destacando alcances, límites y novedades. Esto es esencial para que, con base en diagnósticos precisos, la acción gubernamental sea eficaz en la reducción de uno de los problemas crónicos de nuestro país: la desigualdad social.
La información publicada permite identificar una relación directa y recíproca entre la mala educación y la pobreza. Entre más y mejor educación, menor pobreza y viceversa. Una política pública dirigida a que las poblaciones marginadas tengan acceso real a educación de calidad es un factor condicionante para que haya menos pobres.
La mala educación y la pobreza generan círculos viciosos difíciles de romper. En las comunidades marginadas hay menores índices de aprovechamiento y mayor deserción escolar. Sin transferencias presupuestales los hogares pobres tienden a gastar un mayor porcentaje de su ingreso que los ricos en la educación. Entonces, el primer obstáculo para una mejor educación es la concentración de la riqueza en los tres primeros deciles de la población (traducción: en los tres segmentos que reciben más ingreso). El 30 por ciento de los hogares de mayores ingresos concentran el 63 por ciento de los ingresos corrientes totales y el 30 por ciento de los de menores ingresos sólo el 9 por ciento. Un hogar pobre recibe en promedio 37 pesos diarios y uno rico 766.
En igualdad de ingresos quien sea el gestor educativo pasa a un segundo plano. Si se compara la calidad de la educación en escuelas públicas o privadas en la demarcación territorial Benito Juárez de la Ciudad de México a partir de las evaluaciones periódicas, el resultado es que no hay diferencia significativa. La educación privada no es mejor que la pública. En cambio, si las variables son entre zonas urbanas y rurales o entre marginadas y no marginadas el diferencial es mayor. La variable importante es la pobreza. La superación de la misma requiere más y mejor educación, pero esto no es posible en condiciones de miseria.
¿Cómo romper este círculo vicioso? Mayor gasto per cápita por habitante no es necesariamente la solución. Corea del Sur tiene un gasto menor por individuo que los países más ricos de Europa y América del Norte, aunque su evaluación en PISA es mejor. Hay otros ingredientes a considerar como dispersión de las escuelas, evaluación docente, número de alumnos por escuela, número de alumnos por maestro.
Entonces, si hubiera un mayor gasto en educación en zonas depauperadas, la probabilidad de disminuir los índices de pobreza aumentaría, siempre y cuando los recursos lleguen efectivamente a la población destino de los mismos y no se queden en privilegios sindicales o ineficiencias burocráticas.
Tampoco sirve que sólo se aumente el nivel educativo y el rendimiento en la prueba PISA. Hay que generar condiciones de menor desigualdad social. No es casual que las zonas más pobres sean aquellas que tienen menor nivel educativo. Los servicios educativos a disposición de la población no son suficientes si los niños no pueden asistir porque deben aportar al ingreso familiar o viven en pobreza alimenticia. Ya viene la época de campañas y escucharemos muchas propuestas de soluciones mágicas, pero la fórmula para romper los círculos viciosos es perseverar en la estrategia de crecimiento económico, más empleo, mejores salarios y evaluación docente. Lo demás es, como decía mi abuelita, jarabe de pico.
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