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El Pleno de la Asamblea Constituyente aprobó la creación del Instituto de Defensoría Pública, el cual brindará defensa jurídica de manera gratuita a las personas que enfrenten algún proceso penal del fuero local.
Gracias a este instituto, el cual quedó establecido en el Artículo 56 de lo que será la Constitución Política de la Ciudad de México, se garantizará que abogados profesionales defiendan a las personas que enfrenten algún proceso, es decir, que la defensa de oficio se eleva a rango constitucional.
“Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez, profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes. El Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio”, refiere el texto aprobado por los diputados constituyentes.
Este Instituto de Defensoría Pública deberá velar para que se cuente con los recursos necesarios para cumplir su función, así como por la capacitación permanente de los defensores. Para ello, se establecerá un Servicio Civil de Carrera para las y los defensores públicos, “cuyo salario no podrá ser inferior al que corresponda a los agentes del Ministerio Público”.
Al respecto, la diputada constituyente, Dolores Padierna, comentó que el establecimiento de servicios gratuitos de defensa pública forma parte de las medidas positivas que debería de adoptar el Estado mexicano para garantizar a todas las personas el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad, respeto y protección y garantía de los derechos.
“Una parte de la población lamentablemente no cuenta con los medios ni los recursos para acceder a un servicio privado de defensa de calidad, por lo que si no existiera este servicio público muchas personas no tendrían la posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos en los procedimientos judiciales”, sostuvo.
Margarita Saldaña, constituyente del PAN, subrayó que este Instituto cambiaría las condiciones de la reintegración social de muchas de las personas que llegan a pisar las cárceles o que tienen algún otro tipo de problema jurídico, y que se quedan sin ningún tipo de defensa.
Gran parte de este artículo fue regresado a la Mesa de Consulta de la Asamblea Constituyente para su análisis, pues los diputados constituyentes no llegaron a un acuerdo sobre la integración del Congreso y la reelección legislativa. La mayoría de los diputados votaron en contra de la reelección legislativa por hasta cuatro periodos consecutivos.
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