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Segunda Parte
Para avalar contratos del gobierno, los testigos sociales cobran a destajo, con montos cercanos o superiores a los 5 mil pesos por hora de servicio, de acuerdo con los tabuladores establecidos durante la administración anterior por la Secretaría de la Función Pública (SFP), aunque los privilegios económicos pueden ser más altos, ante su resistencia a ofrecer reportes financieros…
De manera paradójica, quienes en teoría están encargados de garantizar la transparencia, se han inclinado por prácticas furtivas…
“El botín es una cifra negra que no se puede saber, porque estos organismos son completamente opacos en revelar cuánto dinero han recibido a lo largo de décadas, ni cuánto se les ha pagado por regalar conclusiones favorables a las contrataciones gubernamentales”, señala Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de la Federación y especialista en el tema.
No hay registro, entre los 11 mil procedimientos supuestamente vigilados en el sexenio pasado, de algún reporte inclinado a denunciar anomalías o a frenar negocios en perjuicio de las finanzas públicas, mucho menos en casos relacionados con obras millonarias, de gran impacto para el país.
El sentido siempre es a favor de los procesos y de su concordancia con planes nacionales de desarrollo o políticas en beneficio de la ciudadanía…
“También hay monopolios —apunta Reyes Orona—, como el de Transparencia Mexicana: es claro su dominio en los grandes negocios, mientras a los otros testigos les asignan los de menor relevancia. Es el gran cómplice de la corrupción en México: ¿cuántos casos ha observado y cuántos han sido objetados? Ninguno”.
“¿Y el conflicto de intereses?, ¿cuántos contratos se le dieron durante la gestión de Jesús Reyes Heroles al frente de Pemex? Porque su hermano Federico ha estado en Transparencia y ahora ya hasta es miembro del Fondo Mexicano del Petróleo. Como es filial de Transparencia Internacional, que formula el índice de corrupción en el mundo, el análisis es sesgado y depende de la participación económica que su filial recibe en el país”.
En este mundo de sombras, cuando el Comité de Testigos Sociales de la SPF asigna a los observadores, éstos deben negociar el pago de sus honorarios con la misma dependencia a la cual evaluarán…
Este esquema, por lo menos, representa “riesgos de autocensura de los propios testigos”, alerta el estudio Evolución y Retos de la Figura del Testigo Social, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), compartido a la SFP.
DINERO. El 29 de agosto de 2014 la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la SFP emitió un oficio para definir el pago por hora a los testigos sociales, el cual depende del monto del contrato en turno y del Salario Mínimo Vigente (SMV), aunque tras la entrada en vigor del Decreto del 28 de enero de 2016 por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación, el SMV se actualizó a Unidades de Medida y Actualización, conocidas como UMA, y cuyo valor actual es de 84 pesos con 49 centavos.
En contrataciones con valor superior a 5 millones de UMA y hasta 34 millones 728 mil 098 —las menos en la radiografía contractual del gobierno—, los testigos sociales recibirán 38 Unidades por hora.
En proyectos de 34 millones 728 mil 099 UMA a 64 millones 444 mil 197 cobrarán 42 Unidades por hora, más un 10 por ciento.
De 64 millones 444 mil 198 UMA a 123 millones 888 mil 394, 46 Unidades por hora más 10 por ciento.
Y en contratos de 123 millones 888 mil 395 UMA en adelante —los predilectos de organizaciones como Transparencia Mexicana—, 53 Unidades la hora y un 15 por ciento adicional, es decir, 61 Unidades por hora. Al valor actual serían 6 mil 263 pesos la hora, y si consideramos que el sexenio pasado la UMA fluctuó entre 73 pesos con 4 centavos y 80 pesos con 60 centavos, el dinero pagado a los testigos fue de entre 4 mil 500 y 5 mil pesos la hora.
Aunque el artículo 65 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público obliga a transparentar los contratos con los testigos (“serán abiertos”, estipula), éstos se mantienen ocultos en casi todos los casos.
Adicional al pago por hora, los testigos reciben dinero extra por traslados locales, nacionales o internacionales, alimentos y hospedaje, de acuerdo con los lineamientos de viajes y pasajes en la Administración Pública Federal: para comisiones en territorio nacional, de 980 a 3 mil 240 pesos por día según la zona geográfica y el grupo jerárquico; y para comisiones en el extranjero, 450 dólares diarios.
Si el proyecto es cancelado o diferido, el TS deberá recibir de 190 a 743 UMA (hasta 63 mil pesos) como compensación, dependiendo de si el contrato ya estaba firmado o no.
Para ejemplificar el tiempo en el cual un testigo social puede recibir estos beneficios monetarios, el proceso de licitación de uno de los gasoductos detenidos, con mayor quebranto para la Comisión Federal de Electricidad: el del tramo Sur de Texas-Tuxpan (obra con valor superior a los 2 millones de dólares, ganada por la empresa TransCanada) duró 10 meses, de agosto de 2015 a junio de 2016. En este caso, la adjudicación fue supervisada en el papel por Transparencia Mexicana, la cual intervino en la publicación de convocatoria, visitas a Estados Unidos, recorridos por Veracruz o Tamaulipas, diez juntas de aclaraciones, apertura de propuestas, fallo y firma de contrato.
Ante un esquema clasificado como “oneroso”, el análisis de la USAID concluye: “reducir el costo de las tarifas de honorarios y que la SFP revise la conveniencia de que los montos por hora se sigan determinando con base en las UMA, ya que ésta se incrementa anualmente”.
Para Reyes Orona, “los testigos sociales deben desaparecer, porque ninguna opinión pagada es objetiva, su participación no ha alentado mejores prácticas y, por el contrario, ha agravado la corrupción”.
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