¿Qué es el Estado de derecho? En su acepción original es el sometimiento de una autoridad a un mandato general (ley) previo a su actuación. La teoría democrática agregó a este concepto que además todo ejercicio de poder debe ser revisable por un juez independiente e imparcial bajo el principio de supremacía constitucional.
El imperio de la Ley, que supone la existencia de un auténtico Estado de derecho, consiste en que el poder respete y haga cumplir el ordenamiento jurídico positivo sin mayor distinción que la equidad del caso y el respeto a los derechos fundamentales de las personas. En ese sentido, todos los integrantes de la sociedad sin importar condición económica, social, política, cultural, racial u otra de cualquier índole debemos obedecer el mandato de la autoridad emitido conforme a derecho.
El gobierno democrático asume frente a los gobernados la responsabilidad básica de garantizar que haya un cumplimiento espontáneo de los deberes jurídicos públicos, disuadir y prevenir la violación a las normas y, en su caso, sancionar a quien no obedezca lo dispuesto por las autoridades competentes.
Esta reflexión es pertinente ante la noticia, que ya no extraña a nadie, que hay zonas en la Ciudad de México, en rebeldía contra el Trigésimo sexto aviso emitido por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum por el que se da a conocer el color ROJO del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y que obliga a la suspensión de las actividades no esenciales, permite operar aquellas esenciales, siempre y cuando las personas que la llevan a cabo cumplan con las medidas sanitarias generales y específicas para prevenir el contagio del COVID-19 y prohíbe “todo tipo de verbenas, romerías, fiestas patronales, posadas o cualquier otro festejo similar en los pueblos, barrios y colonias”.
Tepito no suspende ningún tipo de actividades y se informa que se negocia con ellos la aplicación de la legislación de emergencia sanitaria, sin mucho éxito, ya que sólo desocupan la avenida Héroes de Granadita, que inexplicablemente festina en un tuit el alcalde de la Cuauhtémoc como un pacto aceptable, pero en todo el barrio las aglomeraciones y la falta de cualquier medida sanitaria preventiva es la norma.
El argumento para no obedecer la declaratoria de emergencia emitida en forma correcta constitucionalmente, es que para los comerciantes es esencial el trabajo y ésta es la mejor época del año por la venta de juguetes y otros artículos. Independientemente de que haya razón económica en su rebelión hay varias interrogantes a los gobernantes.
La semaforización de la pandemia inició en mayo y, según las autoridades sanitarias, esta estrategia jurídica daría certeza y objetividad en la aplicación de las medidas de emergencia. ¿Por qué se retrasó la declaratoria?
La respuesta apunta hacia Palacio Nacional, donde su inquilino ya había domado la pandemia y no era conveniente para su popularidad que se reconociera el rebrote en el Valle de México. Gran labor -raya en el milagro- de la Jefa de Gobierno para convencer a la Federación que no debía seguirse con la aplicación de la amplia gama de anaranjados que ya era un ocultamiento grave del rojo que vivíamos. Eso no es Estado de derecho, la autoridad no se somete a la propia norma que ella emite para regular su actuación.
La negociación de la declaratoria de emergencia y sus efectos es producto de una equivocada concepción del gobierno. Prohibido-prohibir es una frase desafortunada en la boca de un gobernante que debe establecer un orden mínimo para la convivencia pacífica y es irresponsable dejar a la espontaneidad el cumplimiento de las leyes, mas aún cuando la infracción de las mismas puede provocar la extensión de una pandemia que ya demostró su letalidad y su fuerza para desarticular los servicios de salud de cualquier país. Aplicar parcial e inoportunamente las medidas de emergencia es violatorio del Estado de derecho.
Todos coludos o todos rabones. Eso es un Estado de derecho auténtico. Si la autoridad, por miedo o componendas, rehúye a su obligación de verificar el cumplimiento de las normas que emite y evita suspender las actividades no esenciales o aquellas que no adopten las medidas de salubridad incurre en responsabilidad jurídica, que la Secretaría de la Contraloría General debe perseguir, y política si se actualiza el riesgo que se pretende prevenir que es el aumento de los contagios, la saturación hospitalaria y los fallecimientos por COVID-19.
No podemos afirmar tajantemente que el Estado de derecho no existe en la Ciudad de México, aunque haya espacios y personas excluidos. Este tipo de tolerancia rebaja su calidad y, sobre todo, afecta la confianza ciudadana en las leyes. Las omisiones de la autoridad explican que el cumplimiento espontáneo de las normas de convivencia ciudadana sea bajo y la impunidad sea muy alta. Vale.
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