Don Virgilio, una vez más la corrupción es tema de debate nacional a partir de la detención el viernes pasado en España del ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira.
Al no estar aún terminado el andamiaje jurídico y organizacional del sistema nacional anticorrupción y no haber sido designado el tan esperado Fiscal Anticorrupción, todo parece apuntar a que la Secretaría de la Función Pública es quien debe presentar una postura sobre qué está pasando en México con respecto a los actos de deshonestidad de los funcionarios públicos y particularmente sobre la impunidad de la que gozan en el país los políticos mexicanos.
La discusión hoy entre políticos y analistas es si el marco jurídico actual es el adecuado para perseguir, enjuiciar y castigar la corrupción. Quienes piensan que no, apuestan todo a la generación de nuevas leyes secundarias que nacerán como producto de la reforma constitucional que creó el sistema nacional anticorrupción, mismas que deberán plasmarse además en las leyes locales y consolidar este marco jurídico en todos los órdenes de gobierno.
Ciertamente hay huecos por cerrar en la legislación federal y muchos más en las leyes locales donde los delitos cometidos por servidores públicos tienen penas ridículas, sin embargo el marco legal actual en materia de delitos y responsabilidades por parte de servidores públicos tampoco es letra muerta ni carece de dientes.
Llama la atención por ejemplo que nuestra legislación actual sí fue suficiente para llevar a la cárcel a la maestra Elba Esther Gordillo, pero no es útil para encarcelar a Carlos Romero Deschamps, ambos líderes sindicales surgidos durante la administración salinista con fortunas personales que exceden por mucho sus sueldos y prestaciones como servidores públicos y dirigentes de sus respectivos gremios. Sin embargo sólo uno de ellos está en prisión. Se puede alegar por supuesto que Romero Deschamps lleva la protección del fuero, pero esto no es impedimento real, ya que existe un procedimiento regulado en la Constitución que permite que los legisladores federales y otros funcionarios que gozan de fueron puedan quedar a disposición de las autoridades para que se proceda penalmente contra ellos.
Así también nuestra ley vigente fue suficiente para poner al químico Granier tras las rejas después de un desafortunado paso por el gobierno de Tabasco, pero esa misma ley no fue capaz de llevar a Humberto Moreira ni siquiera a rendir cuentas sobre su administración. Han sido mejor autoridades extranjeras quienes han estado detrás de los ilícitos de Moreira, ya liberado, y de su equipo.
¿Entonces nos falta marco legal o nos falta aplicación del mismo? ¿Es necesario e indispensable nuevas leyes o es sólo un cómodo pretexto para políticos de varios colores? ¿Y qué hay de la sociedad? ¿Realmente rechazamos los mexicanos la corrupción o sólo cuando no nos derrama nada de ella? Pareciera que somos una sociedad que apedrea a los políticos en desgracia o en desuso, pero mientras están en el poder su presencia es indispensables en todo evento social, ocupando los lugares de honor y todas las deferencias, aun cuando sea evidente que amasan fortunas a través del mal ejercicio del gobierno.
¿Usted qué opina Don Virgilio? porque mientras no haya zar anticorrupción, su postura y sobre todo sus acciones son indispensables.
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