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En el contexto de la emergencia climática global por la que atravesamos, la resolución que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 413/2024, promovido por Greenpeace México, representa un hito jurídico muy importante, que podría tener relevantes implicaciones en lo político y lo ético en las acciones de defensa del medio ambiente.
La propuesta de resolución elaborada por la ministra Margarita Ríos Farjat, que concede el amparo frente a la extinción del Fondo para el Cambio Climático -respecto del decreto presidencial del 6 de noviembre de 2020-, debe entenderse como un acto de justicia ecológica y de constitucionalidad avanzada.
Lo que se encuentra en disputa es la posibilidad de que el Estado Mexicano disponga de un fondo económico específico para la mitigación y adaptación frente al cambio climático; en ese sentido, debe entenderse que no se trata de una cuestión de despilfarro o corrupción -argumento que sustentó la decisión de López Obrador en ese respecto-, sino una necesidad vital en países como México, donde ya se experimentan de forma aguda los efectos de la crisis climática.
La desaparición de este fondo, como parte de la eliminación indiscriminado que se llevó a cabo de 109 fideicomisos, constituye un acto regresivo contrario al mandato constitucional contenido en los artículos 1º y 4º, que reconocen el derecho humano a un medio ambiente sano. En efecto, la regresividad en derechos humanos está explícitamente prohibida en nuestra Carta Magna.
Desde esta perspectiva, a diferencia de lo que se argumenta desde el poder presidencial, esta extinción debe analizarse como parte de una racionalidad tecnocrática de despojo, en la que el Estado reduce sus capacidades protectoras en nombre de una eficiencia presupuestaria que oculta violencias estructurales: la vulnerabilidad ecológica, la injusticia climática y la precarización de las vidas humanas y no humanas.
La pertinencia de contar con recursos para atender la emergencia climática no se plantea ya en función de hipotéticos escenarios futuros, sino de la crisis permanente del presente. La casi total desecación del lago de Cuitzeo en Michoacán -uno de los cuerpos de agua más grandes del país- es testimonio de la negligencia histórica. La crisis ambiental del río Lerma y otros embalses, la pérdida acelerada de humedales y la salinización de suelos son parte de una devastación silenciosa que ya cobra efectos sobre la salud, la producción alimentaria y el equilibrio de ecosistemas enteros.
Más aún, fenómenos como el huracán Otis, que devastó Acapulco en 2023, muestran que el cambio climático no es un fenómeno aislado de la vida social. Las afectaciones sobre todo a vidas humanas no pueden seguir siendo atendidas desde una lógica de “protección civil”. La respuesta debe ser estructural, preventiva, intergeneracional y financiada con mecanismos sólidos como lo puede ser un fondo para enfrentar el Cambio Climático. No se trata sólo de reconstruir ciudades tras la catástrofe, sino de evitar su reproducción sistémica.
El medio ambiente no es una “cosa” que se protege por utilidad, sino una red compleja de vida de la que formamos parte. Cuidar el medio ambiente es, además de un deber jurídico, un imperativo ético. Nuestra capacidad de decidir si actuamos o no frente a la crisis climática determina no sólo el destino de nuestra especie, sino el de cientos de especies animales y vegetales que enfrentan la extinción como resultado directo de la actividad humana. La justicia ambiental implica reconocer los derechos de los más vulnerables, lo cual incluye a los no humanos, a los ecosistemas y a las generaciones futuras.
Desde la tradición de la ecosofía, es importante subrayar que no basta con “gestionar” la crisis: es necesario transformar radicalmente nuestra relación con la Tierra. Félix Guattari propuso la ecosofía como una triple articulación: la ecología ambiental, la ecología social y la ecología mental. En esta visión, el ser humano no es un sujeto externo que actúa sobre el entorno, sino parte intrínseca del tejido ecológico, cultural y existencial del planeta. En América Latina, Leonardo Boff ha retomado esta propuesta y la ha vinculado con una ética del cuidado y de la interdependencia, en donde la Tierra -la “Casa Común”- no es un recurso, sino un ser vivo que merece respeto, reciprocidad y defensa.
Apoyar la resolución de la Suprema Corte en favor de Greenpeace México es, en última instancia, defender el sentido más profundo del Estado de Derecho: su vocación de justicia, su responsabilidad frente a los más débiles y su compromiso con la vida. En un mundo donde los intereses extractivistas y las lógicas de mercado han desplazado el sentido común ecológico, es urgente que las instituciones del Estado reafirmen su función protectora frente a la devastación ambiental.
Hoy más que nunca, necesitamos pasar de una racionalidad técnica centrada en el capital, a una racionalidad ecológica y ética centrada en la vida. La resolución que analiza la Suprema Corte puede ser un paso significativo en esa dirección. El cuidado de la Tierra no puede seguir siendo postergado: es el fundamento de toda posibilidad futura.
La Maestra Alicia Bárcena, titular de la SEMARNAT, es una experta en estos temas y una persona humanamente sensible en estos temas; por ello, es esperable que logre convencer a la presidenta Sheinbaum de que la protección del medio ambiente es una urgencia impostergable y que, si de verdad se quiere realizar una transformación estructural del país, comenzar con esta agenda es un paso ineludible.
Investigador del PUED-UNAM