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Con ánimo festivo y autocomplaciente hace unos cuantos días se desarrolló en esta utópica ciudad un jolgorio más de la simulación consagrada sobre cuyos falsos supuestos se exhibe la pantalla dispendiosa de la “Protección civil”, inútil placebo para intervenir sin solucionar; auxiliar –malamente— sin prevenir y aparecer en los espacios públicos dañados por la irresponsabilidad (recordemos el Parque Bicentenario, como ejemplo cercano), con el falso semblante de la salvación urbana. Simple estorbo de incapaces.
La protección civil y sus carnavalescos simulacros de megafonía y chaleco fosforescente, no auxilian ni previenen sino todo lo contrario, tanto como la estrepitosa y equívoca alerta sísmica cuya función –con bocinas a veces mudas o por teléfonos inconsultos--, es alarmar haya o no haya sismo. Y cuando lo hay (a veces el mismo día del ensayo, como ocurrió el 19.9.07) la insobornable realidad abofetea a la burocracia.
“…Con motivo del sismo ocurrido este 19 de septiembre (2017), a las 13:14 horas, con magnitud 7.1, la Coordinación Nacional de Protección Civil informa que al momento se reportan 230 fallecidos, 100 en la Ciudad de México, 69 en el estado de Morelos, 43 en el de Puebla, 13 en el Estado de México, cuatro en Guerrero y uno en Oaxaca. Dicha cifra se encuentra en constante modificación, ya que aún se realizan los trabajos de rescate y remoción de escombros”.
¿Y entonces el simulacro ceremonioso e inoportuno, para qué sirvió? Para nada, excepto para pagar la nómina parasitaria. Los sismos han generado enormes negocios para los gobiernos de esta ciudad. Especialmente los más recientes.
En algún momento el gobierno generó espacios administrativos (es decir, fauna presupuestívora) para la reconstrucción de las viviendas dañadas o derruidas de plano, a causa los terremotos tan frecuentes. Hoy todo se les ha podrido. Jamás tuvieron a un Kenzo Tangue cuya labor coordinó la veloz reconstrucción (real) de Hiroshima.
Aquí no tenemos un arquitecto Tangue, tenemos al burócrata tongo.
Vecinos de la colonia Condesa han elaborado este escrito…
Estos son sus testimonios.
“Como se sabe, los temblores son una desgracia de la gente común, pero un negociazo de los funcionarios deshonestos, esos que no escasean en escritorios y ventanillas donde se ofrece considerar “damnificados” a quienes estén dispuestos a soltar mordida, mientras se tiene en el abandono a quienes perdieron techo y pertenencias.
“En diversas ocasiones, representantes del gobierno capitalino han dicho que los damnificados han recibido hasta 150 mil pesos, aunque en realidad ese dinero va directamente a las cuentas de las empresas beneficiadas con la “reconstrucción”, contratos que se basan regularmente en meras apreciaciones del personal encargado sin que se presenten dictámenes definitivos.
“En el otro extremo social se han aplicado fórmulas todavía más eficaces para el beneficio de los corruptos.
“Por citar un caso, el Instituto de la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF) dio por buena la “revisión” de un edificio de la colonia Condesa donde vive gente de un respetable nivel de ingresos y, pese a que no hay daño estructural, algún burócrata dice que puede cambiar la clasificación para que los habitantes del inmuebles aparezcan como “damnificados” y puedan cobrar 150 mil pesos y hasta más, según promete el tinterillo en turno, lo que permite suponer que el gobierno capitalino dispone de un presupuesto ilimitado para el caso.
“En el documento que ampara la dudosa revisión, dirigido a dos personas que se ostentan como “representantes del edificio” sin serlo, se considera “la estructura del edificio en riesgo medio”, por lo que “se deberá efectuar la reparación puntual de los muros afectados y en su caso, someter la estructura a un proyecto de “rigidización” (endurecimiento, pues); adicionalmente se deberá efectuar en la edificación un programa de mantenimiento integral”, lo que “debe culminar con la reparación y reforzamiento de la edificación”, etc.
“Pero ocurre que el documento no acredita tales conclusiones, pues “el edificio en comento presenta un porcentaje de inclinación de 0.2 por ciento, valor que se encuentra muy por debajo del límite señalado en el Reglamento de Construcciones” y otras normas, “de donde podemos concluir que se encuentra dentro del estado límite de servicio”. La inclinación, por cierto, la tiene el inmueble desde hace más de 25 años y nunca se ha considerado catastrófica.
“La desvergüenza de quien elaboró el documento de marras, se evidencia en la conclusión, donde dice que las acciones recomendadas “deberán culminar con la reparación y reforzamiento de la edificación”. Cualquiera supondría que el edificio está a punto del derrumbe. Hay, sí, paredes cuarteadas, humedades, desprendimiento de los acabados y otros daños menores, sobre todo por “intemperismo” y falta de mantenimiento, pero nada más.
“Los anexos del documento oficial en ninguna parte mencionan la existencia de daño que ponga en riesgo el edificio, pero sí dicen que las columnas “muestran un estado estructural aceptable”, “los elementos estructurales muestran condiciones adecuadas”, no se aprecia “afectación alguna que ponga en duda la estabilidad local de la edificación” que se halla “carente de afectaciones estructurales de relevancia” o con “afectaciones menores que no menoscaban la estabilidad”; no se observan “mayores riesgos de inestabilidad” y cinco veces se repite que el edificio tiene “condiciones estructurales adecuadas” (¡Cinco veces!). ¿Entonces?
“Los ciudadanos podemos sospechar que los funcionarios corruptos se valen del justificado miedo de muchos capitalinos para exagerar los daños, recomendar a ingenieros y constructores cómplices (si no los aceptan se niega el dictamen) y gestionar buenas cantidades de dinero a los falsos damnificados que estén dispuestos a entrar en el cochupo.
“Si el riesgo fuera real y la situación tan grave, los señores ingenieros de las dependencias encargadas de la presunta reconstrucción resultarían unos irresponsables, pues el sismo que dio pie a este proceso ocurrió el 19 de septiembre de 2017, y a la fecha no son pocos los inmuebles donde sigue viviendo gente y no se han iniciado los trabajos.
“Si hay un riesgo enorme y hay vidas en peligro, cabe preguntar ¿por qué han permitido que numerosos inmuebles sigan habitados?
“También tendrían que explicar por qué, cuando los vecinos aceptan que se realice el “reforzamiento estructural”, e incluso cuando no lo aceptan, se les dice que deben abandonar sus viviendas, pero que en tres meses podrán ocuparlas nuevamente, aunque lo común es que las obras tarden dos y más años.
“Abundan casos en que se inician las obras, pero a la vuelta de unos meses se suspenden por falta de fondos, los vecinos se indignan por la engañifa y se sabe de una empresa que, al verse en esa situación, simplemente desapareció.
“Resulta extraño, por no decir sospechoso, que en una casa particular, en una zona que no es de oficinas, estén los despachos de cinco empresas relacionadas con la reconstrucción, aunque sin exhibir anuncio alguno. Los ciudadanos esperaríamos que las autoridades investigaran que hay detrás de tales irregularidades.
“Hasta ahora, los gobiernos de la ciudad de México han limitado su intervención a dotar de fondos a las dependencias involucradas en la susodicha reconstrucción, pero se han negado a suspender el flujo de dinero o siquiera investigar a las partes involucradas.
“Han pasado más de siete años desde aquel 19 de septiembre y, curiosamente, las autoridades capitalinas no se animan a investigar a las empresas, funcionarios y profesionales metidos en el negocio…
“…Cuando algunos ciudadanos piden la intervención de peritos debidamente autorizados para que rindan un dictamen técnico, la propuesta de las autoridades capitalinas ha sido comisionar a uno o más de los técnicos que trabajan con las empresas y las dependencias que están en el cochupo.
“Si un inmueble dañado debe reconstruirse y es propiedad de personas con buenas relaciones en el gobierno o con los encargados de la “reconstrucción”, se procede con una celeridad que no se observa en las zonas depauperadas.
“En suma, las irregularidades son muchas, los fondos de la Tesorería capitalina son pocos o inexistentes, pero la “reconstrucción” sigue y cada día burócratas y gente de las empresas constructores buscan nuevos clientes.
“Como arbitrariamente los “peritos” del gobierno han metido en “plataforma de riesgo medio” numerosos edificios, si los propietarios necesitan vender tienen que hacerlo con gran desventaja en el precio, y lo mismo ocurre si se procede a rentar.
“¿Hasta cuándo seguirá en negociazo de las constructoras y de funcionarios de dudosa honorabilidad?”
Seguiremos el domingo.
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