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El pasado lunes 28 de abril se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos (LNETB) y se turnó al Senado donde quedó pendiente su discusión para el próximo periodo de sesiones. Durante el debate se aprobaron algunas modificaciones, por impulso de los diputados Ramírez Cuéllar y Monreal Ávila, que propusieron, según sus argumentaciones, en defensa del federalismo.
La iniciativa enviada por el ejecutivo, con base en la reciente reforma constitucional a los artículos 25 y 73 fracción XXIX-Y para la simplificación administrativa y digitalización contiene dos materias, primordialmente: el gobierno electrónico y la mejora regulatoria. La primera había sido regulada a través de acuerdos y manuales y desde la emisión de la Estrategia Digital Nacional y se ha buscado centralizar las decisiones en lo que se refiere a los procesos de digitalización, desarrollo de soluciones tecnológicas y adjudicaciones relacionadas con TIC, asi como crear una plataforma interoperable para concentrar trámites e información en repositorios compartidos. La segunda es una vuelta a la tuerca de lo que se ha avanzado en las últimas tres décadas con el propósito de incrementar la calidad normativa. Ambos aspectos se miden desde hace décadas en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental.
El elemento principal de la minuta enviada al Senado es la creación de 4 modelos vinculados con el impulso del gobierno electrónico bajo el esquema desarrollado en la Ciudad de México durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum. El más llamativo es una secuela de portal del gobierno de México, creado como parte de la Estrategia Digital Nacional iniciada formalmente en 2012, y pretende eliminar trámites burocráticos. Paralelamente, se pretende garantizar digitalmente la adecuada atención ciudadana, homologar nacionalmente plataformas para trámites y uniformar y compartir soluciones tecnológicas para la automatización de proyectos.
En materia de mejora regulatoria, el antecedente es el Código Federal de Procedimientos Administrativos promulgado en 1994, cuya innovación principal en este tema fue el reconocimiento de que los actos administrativos de carácter general, como las circulares, los lineamientos, las reglas de carácter general y cualquier otra de naturaleza análoga, pueden afectar los derechos de las personas y para que haya una defensa adecuada deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Este avance fue simultáneo al impulso gubernamental de una política pública de mejora regulatoria, consistente en la revisión de la normatividad con el propósito de simplificar la administración y reducir el costo del gobierno para los emprendedores. En el lenguaje de la 4T, también era una estrategia para eliminar los trámites burocráticos y se incrustó en el sector de la Secretaría de Economía (antes de Comercio y Fomento Industrial).
En 2000, se agregó un capítulo a la referida Ley y se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, desconcentrado de la SE, con lo que se aplicó una política pública de simplificación de trámites y calidad normativa en la administración pública federal, con base en el dictamen de análisis de impacto regulatorio.
En 2018, se emitió la Ley General de Mejora Regulatoria, que federalizó la materia, es decir, estableció un modelo de coordinación con las entidades federativas e incorporó la participación ciudadana bajo el esquema del gobierno abierto. Sin embargo, tanto la digitalización como el impulso de la calidad normativa cayó en un profundo bache. Esta circunstancia contrasta con lo que sucedió en la Ciudad de México cuando la gobernó la Doctora Sheinbaum y el programa más efectivo, que se pretende migrar a la Federación, es el Llave CDMX Expediente.
La nueva LNETB pretende apartarse de la estrategia limitada de la visión economicista y le agrega la dimensión del gobierno digital. Suma dos materias en una dependencia, que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la autoridad de ambas y emitirá recomendaciones a los sujetos obligados y sugerencias a los gobiernos de las entidades federativas y municipios.
El prietito en el arroz del proyecto de nueva el regreso a la visión nacional, es decir, la eliminación de la participación de las entidades federativas en la definición e implementación de la estrategia de mejora regulatoria que se había incorporado con la Ley General del 2018. Este aspecto fue parcialmente corregido con las reservas presentadas por Ramírez Cuellar y Monreal Ávila para evitar que se lesionara al federalismo.
En realidad, en las últimas décadas, en materia de mejora regulatoria, se transitó de una visión Federal, exclusiva del ámbito central, a una General, que daba prioridad a la coordinación entre las autoridades federales y locales. Ahora se propone en la iniciativa que sea la instancia nacional la que determine los criterios de homologación y los estados y municipios sean sus colaboradores en una política de calidad normativa definida e implantada desde la Ciudad de México.
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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