La Ciudad de México bajo asedio. Hoy se cumplen quince días de que los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron su plantón en el Zócalo para exigir un aumento salarial del 100% y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que mitigó la sangría presupuestal que representaba la “solidaridad” de la ley de 1983. La nueva Ley extendió el régimen de cuentas individuales a los trabajadores al servicio del Estado y esto convirtió el inmenso pasivo laboral en deuda pública con la emisión de los bonos de pensión, que fueron el saldo inicial de aquellos trabajadores que optaron por el sistema de las afores.
18 años después de la promulgación de esta ley, con base en las promesas de campaña, los maestros disidentes dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) decidieron ahogar a la Ciudad de México para exigir su abrogación. El secretario de educación, Mario Delgado, recurrió a la descalificación al movimiento, con el argumento de que todas las demandas magisteriales habían sido satisfechas en la medida que las condiciones de las finanzas públicas lo permitían, hasta que lo orillaron a poner más dinero para pensiones en la mesa de negociación.
El conflicto escaló rápidamente por el desencuentro entre el gobierno y la CNTE debido a que la estrategia radical de los profesores molestó a la presidenta, quien canceló una reunión programada con ella y ordenó continuar el diálogo con los secretarios de despacho involucrados en el tema. La reacción fue inmediata y el bloqueo de la movilidad en la ciudad aumentó en zonas de mayor flujo de vehículos.
El discurso de los negociadores del gobierno no ayuda en nada. Primero, con desconocimiento de los efectos nocivos del sistema de reparto, llamado incorrectamente solidario por el secretario Delgado, se reconoce implícitamente que el régimen de cuentas individuales es inconveniente, pero no se acepta su abrogación. Segundo, el manejo de las cifras relacionadas con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado es, por lo menos, inconsistente y en parte engañoso.
El sistema de reparto no es solidario, es subsidiado. Si fuera solidario seria sostenible en el mediano y largo plazos y garantizaría a los jóvenes, que son la mayoría, una pensión digna dentro de 30 años, cuando les corresponda retirarse por edad y tiempo de trabajo. El sistema de pensiones de la Ley de 1983 no tenía reservas para pagar pensiones desde el inició de la década de los años noventa del siglo pasado y el monto de éstas se cubrían, primordialmente, con el presupuesto federal, es decir, estaba subsidiado con un altísimo costo de oportunidad, ya que se han destinado poquísimos recursos para la salud, la educación, la atención a la infancia, entre otros sectores. Este modelo no puede retomarse y eso lo sabe la Dra. Sheinbaum ahora que gobierna.
El subsidio a las pensiones ha provocado en las últimas tres décadas que el presupuesto no tenga un enfoque intergeneracional. Además, el sistema de reparto perjudica a quienes no pueden mantenerse en el empleo formal después de los cuarenta años, que son los estratos más pobres y las mujeres, especialmente. La Ley de 1983 abrogada en 2007 no era solidaria, era subsidiada en perjuicio de la mayoría de los trabajadores de bajos ingresos. La distribución del gasto en pensiones demuestra esa realidad.
El secretario Delgado defiende un sistema de pensiones que para subsistir requiere de enormes subsidios presupuestales, que según el discurso presidencial no hay dinero público para pagarlos. Por su parte, el director del ISSSTE señaló que el esfuerzo para congelar la edad de jubilación en 56 y 58 años para trabajadoras y trabajadores, respectivamente, y luego reducirlas en tres años, le costará al erario, a los contribuyentes, 93 mil millones de pesos y sólo en el periodo 2024-2030, 36 mil millones, con lo que se heredaría un pasivo laboral de cerca de 60 mil millones.
El engaño está en la promesa de pagar pensiones a la generación afore, durante el periodo 2024-2045, conforme al último salario devengado, tanto del IMSS como del ISSSTE, con el fondo de pensiones del bienestar, que hoy asciende a 46 mil millones, sin fuente de financiamiento identificada. Un pasivo labor mayor al relacionado con la edad se pagará menos. Eso a simple vista no es posible.
Si se continúa en la línea discursiva y concesiones a la CNTE de Delgado y Batres, los jóvenes seguirán subsidiando las pensiones vía presupuesto, con un bajo gasto en educación, salud y protección del medio ambiente, entre otros rubros y con cuotas obrero-patronales crecientes. Las personas beneficiadas serán quienes hoy tienen 40 años o más, sin certeza que haya suficientes recursos para pagar las pensiones de los jóvenes después del 2045. ¿Solidario o subsidiado?
Profesor de la Universidad de las Américas Puebla
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