La paradoja de Buridán consiste en que un burro, que tiene dos sacos de heno a su alcance, no fue capaz de decidirse por ninguno, aunque ambos eran apetecibles, y su vacilación lo llevó al extremo de morir de inanición a pesar de su cercanía con la comida. El problema de la inacción en la búsqueda de lo óptimo convirtió a la elección extraordinaria de personas juzgadoras en ejercicio desairado por una ciudadanía, que prefirió no votar en un proceso complicado y cuestionable y con ello dejar libre el paso para una elección de las estructuras afines al gobierno.

El oficialismo considera un éxito contundente la elección y un paso hacia adelante en la vanguardia democrática del mundo. Los opositores a la reforma constitucional en materia judicial califican al ejercicio del domingo primero de junio de ser una farsa y un retroceso en la vida republicana. La sociedad, especialmente los jóvenes, queda expectante por cuál narrativa decidirse. Los dos discursos, aquel que critica al poder judicial por estar lejano al pueblo y el que sostiene que es una falacia que su renovación efectiva sea la elección directa de sus integrantes. La opinión pública debe decantarse por uno de ellos en preparación para las elecciones intermedias del 2027.

Los discursos, que son contrarios y no necesariamente contradictorios, se reproducirán hasta la saturación durante los dos años siguientes y serán el eje del debate de las campañas de los dos procesos electorales: en el que se renueve la Cámara de Diputados y en el que se elija, la otra mitad de las personas juzgadoras federales y locales, aquellas cuyo cargo no fue objeto de la elección pasada.

En junio del 2027, los ciudadanos tendrán que decidir entre acudir a las urnas para legitimar el proyecto político que prioriza la soberanía y la justicia social o recrear el vacío, la abstención electoral, para manifestar su indiferencia ante la política o su juicio sobre la inutilidad de la participación no corporativa o no clientelar en las urnas. Las elecciones legislativas, como siempre, serán controladas por los comités ejecutivos de los partidos políticos y los candidatos triunfadores para ocupar un cargo en el poder judicial serán aquellos que se cuelen en los acordeones oficiales.

La inacción de la ciudadanía será la muerte de la democracia representativa. La paradoja de Buridán se presenta en la decisión entre dos proyectos de país: uno que concentra el poder en los gobiernos para facilitar la transformación del país u otro que propone la pluralidad política, la descentralización de las decisiones y los controles efectivos de la mayoría política. Ambos, como cualquier obra humana, tienen ventajas y desventajas y los impulsan personajes convencidos y comprometidos, pero también oportunistas y vividores.

Por un lado, el renacimiento del Estado social de derecho con un gobierno fuerte que decida el contenido del interés general y el rumbo del país con el apoyo incondicional de los poderes legislativo y judicial, quienes se alineen a la visión de la mayoría imperante y, por el otro, la consolidación de la gobernanza con base en el respeto de la autonomía de decisión de los poderes, los órganos estatales no subordinados al gobierno y las entidades federativas. Ninguna es una opción óptima. Ambas son propuestas razonables. Ninguno de sus defensores tiene la exclusividad de la verdad, ni la certeza que será exitosa, entendido, el éxito como la consecución de un mayor desarrollo sostenible e incluyente.

Ambos proyectos están al alcance del juicio de la ciudadanía y, aunque no son excluyentes, si son distintos, lo que orilla a que se deba tomar una decisión y las personas deben optar por continuar con el apoyo pasivo, pero evidente al gobierno y sus programas sociales de dudoso financiamiento sostenible o contribuir al renacimiento de la oposición, que no es capaz de renovarse en prácticas y cuadros.

En el imaginario social, al primer proyecto se le identifica con el populismo autoritario del siglo pasado y al segundo con el neoliberalismo globalizador. La polarización, que es una falacia, es útil en el proceso electoral de los representantes populares, que se presentan bajo el emblema e ideología de un partido político, pero esto último es poco significativo en la elección de personas juzgadoras, en la que lo importante es la garantía de su independencia, imparcialidad y profesionalización.

La radicalización de la política no ayuda a la toma de decisiones razonables. El bienestar es menor en la confrontación social y en la incertidumbre. La paradoja de Buridán debe superarse y de cara al 2027, que ya está a la vuelta de la esquina, la ciudadanía debe empezar a decantarse por uno de los proyectos a luz de los resultados de la elección de personas juzgadoras para que la democracia representativa se fortalezca y no muera de inanición. Vale.

Profesor de la Universidad de las Américas Puebla

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