Estamos en las etapas finales de la elección judicial, y seguramente pronto se empezará a discutir públicamente la posibilidad de una auténtica reforma política, de lo que ya ha habido avances o atisbos, como el relativo a prohibir la reelección.
En esa discusión tenemos que participar todas y todos, de buena fe y con la voluntad de construir el mejor modelo posible.
Quiero iniciar con un tema político que siempre está en el centro de la discusión (por lo menos desde 2014): la desaparición o no de los órganos electorales locales, tanto de los institutos que se encargan de la organización (llamados organismos públicos locales electorales, OPLES) como de los que se ocupan de juicios comiciales, los tribunales electorales locales.
Recordemos que el sistema electoral mexicano tiene dos ámbitos y tres tipos de autoridades. Los ámbitos son el federal y el local, y los tres tipos de autoridades son las encargadas de organizar las elecciones; que son el INE y los OPLES, las que resuelven los juicios electorales, que son el TEPJF y los tribunales locales; por último, las que persiguen delitos en la materia, la FISEL (antes FEPADE) en lo nacional, y las fiscalías especializadas, en lo local.
La materia electoral se regula por dos tipos de leyes, unas generales y otras locales. Las primeras, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, se ocupan tanto de los comicios federales como de las reglas básicas de las elecciones locales y municipales; que son definidas y precisadas por las leyes electorales locales.
En principio, el INE se encarga de las elecciones para la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, así como de los partidos políticos nacionales, la educación cívica, la fiscalización electoral, así como de fijar reglas para que los OPLES realicen buena parte de sus labores. El INE depende del presupuesto público federal.
Los OPLES se financian de los presupuestos públicos locales.
Y los partidos reciben financiamiento del INE, así como de los OPLES, siempre que tengan registro local. Estos dineros también son federales y locales, respectivamente.
Entonces mi principal argumento contra la desaparición de los OPLES es a la vez político y económico: ¿quién pagaría los comicios municipales y locales?
A ver, pensemos por un momento: si nacionalizamos toda la materia electoral administrativa en un solo instituto, llamémosle INE o como sea, la pregunta fundamental es si podría realizar su labor solo con el presupuesto federal. Para ilustrar nuestra imaginación, presentaré unos datos: conforme el propio INE, para el ejercicio fiscal 2024, presupuestó $8,802,824,500.00 solamente para el proceso electoral federal.
Ahora bien, ¿cuánto le cuesta a un OPLE un proceso electoral local? Esto varía debido a factores tales como la población, la geografía,etc., y no serán los mismos números en Chihuahua que en Colima; pero daré un número: la elección de Tamaulipas le costó a su Instituto local aproximadamente $134,992,322.03. Veamos el caso del Estado de México, donde más o menos el Instituto local invirtió poco más de mil millones de pesos.
Todo eso sin contar gasto corriente ni financiamiento local a partidos políticos. Y esas cantidades salen de los presupuestos locales.
Si nacionalizamos las elecciones, ¿el órgano nacional pagaría las elecciones locales? ¿o los gobiernos locales? ¿los gobiernos locales aceptarían sin chistar la cantidad solicitada por la autoridad nacional? ¿se realizaría la entrega de la cantidad en una sola exhibición o mediante pagos mensuales?
Me imagino al INE, o su sustituto, negociando con cada gobierno local, exponiendo los costos de sus elecciones y debiendo realizar un ejercicio de negociación porque, obviamente, las autoridades de cada estado cuentan con presupuestos finitos y con distintas prioridades. Si la autoridad electoral informa “sus elecciones locales costarán quinientos millones de pesos”, ¿los gobiernos estatales simplemente se los darán sin mayor objeción?
Como puede usted observar, esto es un tema a la vez político y económico.
Usted podría pensar que se obtendrán economías de escala. Desde luego es posible, pero creo que el margen de las mismas será reducido.
Se ha afirmado que el INE y los OPLES realizan las mismas actividades, lo que es cierto si hablamos en general, por ejemplo, realizar los registros de candidaturas o el cómputo de los votos. Pero debemos observar que el INE lo hace respecto de los cargos federales, mientras que los OPLES lo hacen para lo local y municipal. Observe usted, nada más, que en México tenemos más de dos mil quinientos municipios, cuyas elecciones son esencialmente un tema local y no federal.
Vea usted: solamente el número de candidaturas locales se multiplica exponencialmente. Y ni hablar de las postulaciones a los cargos municipales (presidencias, regidurías, sindicaturas). Así que suponer que, con el costo de una elección federal se puede también cubrir el resto de las elecciones, es una idea equivocada.
Creo que, para redactar la iniciativa de reforma, valdría la pena hacer los cálculos económicos necesarios, con información actualizada y precisa; evaluando también el impacto político en la relación entre los órganos federales y los gobiernos locales.
Nacionalizar elecciones puede significar también nacionalizar sus costos.