Durante años, la clasificación ideológica izquierda-derecha ha ubicado al PRD y a Morena en el espectro de la izquierda, seguido por el PRI en una posición intermedia, y al PAN en la derecha. Sin embargo, esta tipología se ha vuelto cada vez más imprecisa y cuestionable. Frente a ello, surge una pregunta clave: ¿el partido político en el poder municipal realmente influye en la manera de gobernar? ¿Hace diferencia el color partidista cuando se trata de tomar decisiones presupuestarias? ¿Gasta más un alcalde del PRI que del PAN? ¿Un municipio gobernado por el PAN recauda más que uno bajo el PRI o Morena? ¿Hay partidos más eficaces que otros para enfrentar el crimen? Explorar estas preguntas permite ir más allá de las etiquetas y centrarse en los resultados concretos de los gobiernos emanados de cada partido político.
Para el caso de los municipios en México, datos de 1990 a 2022 muestran que no existen diferencias sistemáticas entre gobiernos municipales de distintos partidos políticos en variables fiscales clave, como ingresos propios, gasto en inversión, gasto corriente o gasto en subsidios y transferencias. Si bien hay casos puntuales —por ejemplo, administraciones panistas que destinan proporcionalmente menos recursos al gasto corriente que las priistas— estos efectos no son consistentes ni lo suficientemente significativos como para hablar de un patrón claro que distinga a los gobiernos por su filiación partidista.
Lo mismo ocurre en materia de seguridad. No se observaron diferencias significativas entre partidos en indicadores como homicidios, robos o extorsiones. Esto no significa que no haya presidentas o presidentes municipales que hayan logrado un impacto notable en su gestión; sin embargo, los datos indican que el partido político del gobernante no determina de manera sistemática la orientación de la política pública.
¿Por qué sucede esto? Existen al menos dos explicaciones posibles.
La primera tiene que ver con la propia naturaleza de los partidos políticos en México. Aunque el electorado suele percibir diferencias ideológicas entre PAN, PRI, PRD y Morena, en la práctica muchos partidos han perdido coherencia programática. El hecho de que políticos cambien de partido con total naturalidad, sin modificar su estilo de gobernar, es reflejo de una débil conexión entre formas de pensar y decisiones públicas. Este fenómeno cobra particular relevancia en un contexto donde emergen liderazgos carismáticos con propuestas radicales. De ahí la importancia de los partidos como intermediarios entre la sociedad y el Estado, como canalizadores de la voluntad ciudadana y como pilares de legitimidad del sistema político. Hasta ahora, muchos no han cumplido con esa función básica de articular intereses y proponer proyectos coherentes de gobierno.
La segunda explicación es de carácter estructural y se relaciona con los límites impuestos por el federalismo fiscal mexicano. La gran mayoría de los municipios depende en más de un 80% de transferencias federales, muchas de ellas etiquetadas y con poco margen de maniobra. El principal impuesto local —el predial— está sujeto a normativas estatales y presenta una baja eficiencia recaudatoria. En este contexto, incluso si un gobierno municipal quisiera implementar una política pública diferente, difícilmente tendría los recursos o el tiempo (apenas tres años de gestión) para hacerlo.
La situación contrasta con lo que ocurre en países como Suecia o Noruega, donde estudios han mostrado que los partidos políticos sí hacen una diferencia en la gestión local. Una de las razones es que los municipios en esos países tienen mayor autonomía fiscal y amplias responsabilidades en materia de servicios públicos.
Los hallazgos en México no son alentadores. Por un lado, revelan que, pese a los desafíos que enfrentamos, el sistema político mexicano en su conjunto, las elecciones y los cambios de gobierno provocados por estas últimas, no han producido los resultados esperados ni incentivado a los partidos políticos a desarrollar mejores líderes y mejores políticas públicas que los distingan de los demás.
Por otro, los resultados también evidencian la necesidad urgente de revisar el marco institucional y fiscal de los municipios. No se puede exigir lo mismo a un gobierno local con unos miles de habitantes y apenas unos millones de pesos de presupuesto que a un municipio mediano o a un conjunto de municipios que conforman una gran zona metropolitana.
Si bien es necesario realizar estudios estadísticos rigurosos, es posible que, a nivel de entidad federativa, los gobiernos tengan mayor tiempo (6 años) y una mayor capacidad fiscal para poder diferenciarse. De cualquier forma, lo encontrado a nivel municipal es preocupante. Los gobiernos municipales son los responsables de los principales servicios públicos y son los más cercanos a la gente. Reconocer el problema es el principio de su solución.
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Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
El autor invitado es académico de tiempo completo del departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana
