Hablar de democracia en México siempre ha resultado complejo. No se trata de una cuestión de nuestros días, sino de una perversa forma que en nuestro país hemos tenido para entender conceptos políticos como “poder”, “constitución”, “Estado”, “ciudadanía”, “autonomía”, “división de poderes” o “participación política”. De lo anterior da cuenta el devenir del siglo XX a partir del Constituyente de 1916-1917 y hasta nuestros días. El hiperpresidencialismo y el régimen de partido hegemónico han sido constantes alimentadas desde la estructura misma de nuestros sistemas político y jurídico que únicamente han sido parcialmente interrumpidas por chispazos como la reforma electoral de 1977 que permitió la representación de las minorías, las reformas políticas de 1990 que dieron origen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, la alternancia en el poder encabezada Fox en el año 2000 o la reforma en materia de derechos humanos de 2011, por citar algunos casos. Sin embargo, en la vía de los hechos estos esfuerzos, amén de insuficientes, han sido pasajeros y hoy nuestra condición democrática sigue siendo meramente discursiva. Quizá por esa falta de democracia real es que conceptos como los mencionados no se logran entender de forma adecuada. Quizá por no entenderlos nunca hemos podido presumir ser titulares de una democracia plena. Acaso por nuestra historia política lo mejor sea hablar de competencia electoral y no democrática.
El contexto de la competencia electoral en nuestro país es el siguiente. En 2027, México vivirá su próximo proceso electoral, más de cien millones de electores tendrán la posibilidad de elegir, de forma directa, a 300 diputadas y diputados, además de 200 que se asignarán a partir de los criterios de representación proporcional – ello si antes no prospera la intención de disminuir o erradicar a los llamados plurinominales –, a gobernadoras y gobernadoras en la mitad de las entidades, a un sinnúmero de legisladores locales y presidentes municipales, así como a la mitad del total de magistrados de circuito y jueces de distrito que no fueron sustituidos en la pasada elección judicial. Esta elección será la primera de nuestra historia en la que, de manera general, convivirán de forma simultánea elecciones de los tres órganos de poder – legislativo, ejecutivo y judicial – en los tres órdenes de gobierno – municipal, estatal y federal –. De igual manera, es posible que en las boletas veamos los nombres de nuevas agrupaciones que cumplan con los requisitos que la ley y el INE exigen para participar en las elecciones y buscar el número mínimo de votos que les permita convertirse en partidos políticos, sumándose a los seis que hoy cuentan con registro nacional: PAN, PRI, PVEM, PT, MC y Morena.
Este tipo de elecciones que no se encuentran aparejadas del cambio presidencial, han contado con una participación menor a la del proceso electoral inmediato anterior. Así, mientras en 2003 la participación electoral fue de poco más del 41.3 por ciento, en 2000 había sido de casi 64 por ciento; en 2009, 44.6 por ciento y en 2006, 58.5 por ciento; en 2015, 47.7 por ciento y en 2012, 63.1 por ciento; en 2021, 52.7 por ciento y en 2018, 63.4 por ciento. La diferencia entre una y otra ha rondado entre el 11.3 por ciento y el 22.7 por ciento de participación. ¿De qué tamaño será la diferencia de votos entre la elección de 2024 y la de 2027, si aquella tuvo una participación de poco más del 61 por ciento? Atendiendo al límite inferior, de menos del 50 por ciento. Atendiendo al límite superior, de menos del 40 por ciento. Este dato no es menor si consideramos que en la más reciente elección, la del Poder Judicial, el porcentaje de votación fue de tan solo el trece por ciento, lo que implica un abstencionismo del 87 por ciento. Lo anterior coloca a este proceso electoral justo a la mitad de la participación que se obtuviera en la consulta popular de 2021 que buscaba iniciar un proceso legal en contra de los expresidentes, que tuvo poco más de 7 por ciento, y la consulta de revocación de mandato de 2022, la cual alcanzó una participación cercana al 18 por ciento.
A partir de los contextos de cargos que serán elegidos y de participación histórica en procesos de esta naturaleza, amén del entorno político que se empieza a configurar de cara a esta elección, en nuestras próximas entregas tocará el turno de analizar a los actores políticos que participarán en ella, el ambiente que poco a poco se empieza a generar para los próximos años, así como el cambio cultural que la política mexicana requiere.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
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