La Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, representa un ambicioso intento por redefinir el rumbo de la seguridad en México. Conformada por cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación interinstitucional. La estrategia busca romper con el paradigma punitivo que ha caracterizado a las políticas de seguridad en décadas pasadas.
Desde su promulgación en 1995, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública intentó articular una respuesta conjunta entre los tres órdenes de gobierno para enfrentar la inseguridad en México. Sin embargo, se han evidenciado limitaciones estructurales, normativas y operativas frente a un entorno delictivo cada vez más complejo. La falta de flexibilidad, la persistencia de la corrupción y un enfoque predominantemente reactivo impidieron consolidar un modelo eficaz de seguridad pública.
La situación empeoró en 2006 con el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, una estrategia que, lejos de resolver el problema, exacerbó la violencia en el país. El despliegue masivo de fuerzas de seguridad y del ejército, sin una planificación estratégica ni inteligencia, derivó en operativos desordenados, un uso excesivo de la fuerza y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, perpetradas con una alarmante impunidad que hoy en día es exhibida en cortes nacionales e internacionales.
Ante este panorama, era urgente una transformación integral que priorizara la prevención, la inteligencia, la profesionalización y el respeto a los derechos humanos, con mecanismos claros de evaluación y rendición de cuentas.
Uno de los aspectos más relevantes de la estrategia de la Presidenta Sheinbaum, es la reforma al artículo 21 constitucional, que fortalece las atribuciones federales en materia de seguridad y sienta las bases para una reestructuración institucional. Aún con ello, el verdadero reto no radica en el diseño normativo, sino en su implementación efectiva y en la capacidad del Estado para articular esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno.
La propuesta de una nueva ley en materia de seguridad ciudadana, que sustituya al marco anterior, apunta a optimizar el Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante una mayor profesionalización, certificación y coordinación de las instituciones. La inclusión de mecanismos como la actualización diaria de bases de datos, la regulación de centros de comando y control, y la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil —respetuoso de derechos humanos— son avances prometedores.
No obstante, la historia reciente nos obliga a ser cautelosos, pues la efectividad de una estrategia tan trascendental como ésta depende de su capacidad para traducirse en mayor operatividad y resultados tangibles: reducción de la violencia, confianza ciudadana y fortalecimiento del Estado de Derecho. La profesionalización del personal, la interoperabilidad de los sistemas de inteligencia y la fiscalización del uso de recursos son condiciones necesarias para ir abatiendo los delitos, pero no suficientes, si no se acompañan de voluntad política, transparencia, coordinación puntual y permanente, así como una constante rendición de cuentas.
Por ello, reconocer formalmente a la Guardia Nacional como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer su participación en los Consejos Locales es un paso importante. Hoy los opositores al gobierno plantean interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad civil y la militarización, aunque se ha repetido incansablemente que nunca más volveremos a las ejecuciones extrajudiciales o a las desapariciones forzadas como en los tiempos de la Guerra Sucia. Habrá quienes aspiren a que regresen los tiempos de la opacidad o al uso de los cuerpos policiacos como medios de represión. Ahora lo que vemos es un intento por dar un margen legal a la lucha contra la delincuencia, por formalizar las relaciones de cooperación, coordinación y colaboración, y sobretodo, transparentar las acciones que se emprendan para garantizar seguridad y paz a la población.
En suma, la Estrategia 2024–2030 tiene el potencial de marcar un punto de inflexión en la política de seguridad del país. El voto de confianza ya se ha dado en las urnas, ahora viene la implementación y toca a la ciudadanía, a los medios y a las organizaciones sociales asumir un rol activo en su seguimiento, porque la seguridad no se decreta, se construye para el bien común.