A raíz de que la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros perteneciente al Departamento del Tesoro de EU dio a conocer el pasado jueves la grave acusación a tres instituciones financieras mexicanas, Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam, por complicidades con dos importantes cárteles mexicanos en el lavado de dinero por varios millones de dólares, el sector bancario nacional encendió las alarmas.
El caso más comentado por las autoridades estadounidenses es el relativo a Vector Casa de Bolsa, del empresario Alfonso Romo, al afirmar que con el apoyo de esta institución entre los años 2013 y 2021 un operador del Cártel de Sinaloa, blanqueó 2 millones de dólares de EU a México y que además, facilitó operaciones en la compra de insumos a China, para la elaboración de fentanilo por más de 186 millones de dólares. Esto convierte a Vector, declaró Scott Bessent, el mismísimo Secretario del Tesoro, en una pieza clave de la cadena de suministro de fentanilo por lo que la FinCen, impondrá una prohibición a diversas transferencias de fondos que involucran a Vector, para salvaguardar la seguridad nacional estadounidense y su sistema financiero.
Tanto Vector, como CI Banco e Intercam negaron las acusaciones y afirmaron que ante solicitudes por parte de autoridades de la CNBV, éstas siempre se han atendido de acuerdo con la legislación vigente.
Independientemente de que se presenten pruebas contundentes que apoyen estos dichos, como lo han pedido tanto los bancos acusados como las autoridades financieras mexicanas, el golpe a la imagen y credibilidad de las instituciones involucradas, es demoledor y habrá que aclarar sin asomo de duda alguna, la solvencia de estos bancos, en especial Vector que es el que resulta con mayor carga de la supuesta culpabilidad ante un delito tan grave, que desde que el presidente Trump calificó a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, está adquiriendo una relevancia especial en la relación de nuestro país con el poderoso vecino.
Son varios los frentes que el gobierno de Trump ha abierto con México, lo que ha obligado a nuestras autoridades de los sectores económico y financiero a establecer estrategias que den respuesta a las acusaciones de que hemos sido objeto.
En un comunicado conjunto de la CNBV, Banco de México y la Secretaría de Hacienda, decretaron la intervención temporal de las tres instituciones para sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales ante las graves acusaciones del Departamento del Tesoro de los EU, con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes por las implicaciones que puedan surgir contra estas tres instituciones financieras.
De confirmarse estas acusaciones, nuestro país se verá comprometido a llevar a cabo las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades, sobre todo por la relación tan estrecha que tuvo Alfonso Romo con el gobierno del expresidente López Obrador en cuyo gabinete fue jefe de la Oficina de la Presidencia.
Muy graves las implicaciones políticas de estas acusaciones y para evitar que dañen la imagen y credibilidad del gobierno, deberán ser aclaradas sobre todo porque la UIF indagó el pasado año 2024 transacciones entre Vector y una empresa de Genaro García Luna, de nombre Nunvav Inc. manejada por uno de sus prestanombres, quien transfirió 47 millones de dólares al banco de Romo durante el sexenio de Felipe Calderón.
Pero la implicación de Vector por actividades de lavado de dinero a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, en la época en que Romo fungía como jefe de la oficina de la presidencia, sí requieren ser probadas como lo pidió la presidenta Sheinbaum. Los procesos judiciales no se pueden basar en dichos sino en hechos contundentes.
Un ingrediente más que complica nuestra relación bilateral con EU.
@fer_martinezg
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