En la segunda entrega de esta serie señalamos que los principales actores políticos que intervienen de forma activa en una elección son la ciudadanía, los medios de comunicación, el gobierno en turno, los partidos políticos y las autoridades electorales. Por supuesto que otros actores juegan un papel en la competencia electoral, pero no son indispensables para alcanzar el objetivo principal de una contienda política, como es la definición de las personas y los partidos que habrán de ocupar cargos administrativos, legislativos y, en el caso muy particular de México, judiciales. Ahí están por mencionar a algunos, los empresarios y las cámaras que los representan, las principales iglesias que predominan en una sociedad determinada, los grupos de presión ilegales como la delincuencia organizada o las guerrillas, entre otros tantos. Habiendo hecho referencia a los ciudadanos, toca el turno de abordar lo relativo a los medios de comunicación y el gobierno en turno. ¿Qué podemos esperar de ambos actores de cara a las próximas contiendas electorales de 2027 y en las subsecuentes?
Hablar de los medios de comunicación y del gobierno en turno en un sistema político como el mexicano nunca ha sido sencillo. Por ello, vale la pena recordar que nuestro sistema surgió a partir de la Constitución de 1917 y fue tomando forma a partir de la realidad de los siguientes años en cuanto al ejercicio del poder. Así, a lo largo del siglo XX el sistema político mexicano fue adquiriendo la forma del de uno de partido hegemónico con un presidencialismo dotado de facultades denominadas por Jorge Carpizo como “metaconstitucionales” y un centralismo de facto que convertía a los gobernadores, en la mayoría y en el mejor de los casos, en replicadores de la voluntad del presidente en turno. Un país de caudillos con uno primero y mayor entre el resto. Con la alternancia en el poder del año 2000, la esperanza de un cambio duró poco y en realidad nunca se materializó, pero la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018 confirmó que las mismas estructuras del siglo anterior, maltrechas algunas y reforzadas otras, se mantenían. Esta afirmación no debe ser considerada un juicio de valor, sino más bien una descripción de nuestra realidad.
En el muy resumido contexto que hemos dado, los medios de comunicación han jugado, en la mayoría de las ocasiones y con contadas excepciones, un papel testimonial de la lucha por el poder. Su función social, más que la de denuncia, ha sido la de documentar. Su intervención política, más que la de informar con objetividad, ha sido la de tomar partido. Por supuesto, esto no ha sido así en todos los casos ni en todos los momentos, como tampoco ha obedecido a su entero deseo y completa voluntad. El poder en turno se ha encargado de limitar el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. A lo largo de más de un siglo, los poderosos en turno han buscado los mecanismos para censurar, a veces de manera muy discreta y otras con visos dictatoriales, el libre ejercicio de la prensa. Si bien esto ha ido disminuyendo en intensidad, en los últimos tiempos la discreción para otorgar publicidad gubernamental, la presión de grupos de la delincuencia organizada en contubernio con algunos actores políticos, así como el permanente intento por limitar la libre expresión, han mermado la función social de los medios en un contexto político. Es difícil pensar que esto cambiará de forma radical en los tiempos inmediatos.
Por lo que toca al gobierno en turno, quizá como en cualquier otra latitud, pero de forma más acentuada por el “ADN” de nuestro sistema político, todos han tenido la tentación y la posibilidad de intervenir en la definición del futuro. Algunas veces para perpetuarse en el poder y otras para pactar una entrega de este, todos han roto su promesa de ser equitativos y de alguna manera han intervenido conforme les ha convenido. Hoy las cosas no parece que vayan a ser distintas, pues no existe ningún incentivo para ello. Al contrario. La hiperconcentración de poder de la que hoy goza Morena hace casi obvia y natural su intervención para lograr la mayoría de las gubernaturas, diputaciones y cargos judiciales en la elección de 2027 y llegar a las elecciones presidenciales con todavía más fuerza. Esto es tan real que incluso algunos militantes o aliados del poder lo han manifestado públicamente. Aquella frase que reza que “el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente” aquí parece convertirse en dogma.
En las siguientes entregas concluiremos nuestra reflexión sobre los actores que intervienen en un proceso electoral para comenzar a perfilar lo que se puede prever del futuro de la competencia electoral.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
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