“Me siento orgulloso de trabajar con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum”. Con esa afirmación, en español, ante una audiencia de 950 personas en el Camino Real de Mariano Escobedo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, inició una intervención más suave y ponderada de la esperable de un representante del Presidente Donald Trump, quien acababa de insistir en la insuficiencia del Gobierno mexicano para eliminar el narcotráfico.
Y para noticias negativamente impertinentes, sorprendente en la capital nacional, elementos de la Guardia Nacional perdieron la oportunidad de resguardar eficientemente en su domicilio a Zhi Dong Zhang, asociado por la carpeta de investigación federal correspondiente a uno de los cárteles del occidente del país más vinculado a producción y tráfico de fentanilo, de acuerdo con la autoridad, y con el respaldo de un juez para quien se justificó regresarlo a su domicilio. Se fugó.
Trump volvió a agitar la asimetría con las ventajas político estratégicas para el hegemónico y la oportunidad de firme serenidad para la Presidenta Sheinbaum. El estadounidense amenazó con imponer aranceles de 30 por ciento a partir del 1 de agosto si no observa un “desafío a los cárteles” del narco y se detiene el flujo de fentanilo. No será la última vez que lo haga.
En el Make Camino Real Great Again, el hotel con edad de oro en los 80 y los 90 cuando era visitado constantemente por presidentes, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambientes y Recursos Naturales, es curiosamente compañera de mesa con el senador Ricardo Anaya. Cancela su participación el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, en el evento patrocinado por Televisión Azteca y al cual acude uno de los principales puentes de las cúpulas del sector privado con Sheinbaum, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
Un contexto complejo y agresivo para autoridades y pueblo de México. La declaración del abogado de Ovidio Guzmán —quien aseguró que el gobierno mexicano favorece a grupos del crimen organizado rivales de su cliente narcotraficante— reaviva en dichos la narrativa de que la política de seguridad nacional es perjudicada por supuestos pactos selectivos.
El señalamiento opera como un catalizador del discurso intervencionista en Estados Unidos: si México protege a ciertos grupos criminales, entonces Washington se asume con derecho a intervenir directamente.
El encuentro del embajador Johnson con empresarios y políticos mexicanos en la Gala Dinner, convocada por la American Society of Mexico, con la muy vital intervención de su inteligentísima vicepresidenta, Patricia González, revela tanto cortesía diplomática como prioridades y sugerencias de alejar al gobierno mexicano de la cercanía atribuida con China.
“(Sheinbaum y Trump) tienen una relación maravillosa. Estamos trabajando para asegurar la frontera, para desmantelar las redes criminales, para detener el fentanilo, para luchar contra la migración ilegal y para detener la Trata de Personas”, sostiene Johnson.
Larry Rubin, presidente de la asociación, observa una relación compleja e interdependiente, con Sheinbaum como una líder eficaz. Cierto, lo suficientemente creativa y firme para lidiar con un personaje como Trump.
Bajo el modelo del T-MEC, las reglas del comercio están escritas para proteger intereses estadounidenses. Cuando México intenta introducir regulaciones propias —como ocurrió con el maíz transgénico o las consultas en energía— enfrenta a paneles internacionales, amenazas de represalias o directamente a la presión del Congreso estadounidense. Estados Unidos decide qué cárteles son prioritarios y con cuáles negocia. A pesar de la inconsistencia de rechazar la negociación con “terroristas” y acordar con ellos.
Ni fundamentalismos para defender a Trump ni dinamitar la relación con Estados Unidos le son útiles a la sociedad americana del continente.