
De los cinco actores políticos que necesariamente participan en una elección, ciudadanía, medios de comunicación, gobierno en turno, partidos políticos y autoridades electorales, hemos ya hecho referencia a los tres primeros, por lo que toca el turno de analizar el papel que tanto los partidos políticos, como las autoridades electorales tendrían que desempeñar en el futuro cercano de las contiendas de 2027 y 2030, así como aquél que, en mi opinión, terminarán jugando.
Los partidos políticos, lo hemos señalado con anterioridad, son vehículos de ideología y propuestas de gobierno que las personas interesadas en ocupar el poder tripulan en forma de candidatos. Como es obvio en una democracia, existen partidos que gracias al respaldo de una mayoría ejercen el poder y otros que, si bien no también ocupan algunos espacios, lo hacen en menor tamaño y trascendencia, al representar los intereses de una minoría. Hoy en nuestro país el partido claramente mayoritario es Morena, dueño absoluto de la Presidencia, la mayoría de las curules y escaños en el Congreso, más de dos terceras partes de las gubernaturas y, en cierta manera, de las posiciones recientemente renovadas en el Poder Judicial. A su lado están los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, que fueron sus aliados electorales y quienes, en la mayoría de los casos, se asumen como socios al momento de las votaciones legislativas. Del otro lado está la llamada oposición, conformada por PAN, PRI y MC, a los que se sumarán los partidos que han solicitado su registro y que cumplan con lo necesario para competir en 2027 y obtener el registro hacia 2030.
En el caso del partido en el poder y sus aliados lo natural es pensar que se dedicarán a impulsar el actuar del actual gobierno e intenten capitalizar para sí y vender como propias las acciones gubernamentales de política social y económica que se logren concretar, aprovechándose, en la mayoría de los casos de forma ilegal, de ello. Sin embargo, será interesante ver si esta lógica se mantiene en el caso de PT y el Partido Verde, pues en algunas ocasiones recientes han dado visos de querer volar con alas propias. Por lo que hace a la oposición, uno esperaría que, sin ser boicoteadora a aquellos temas que convengan a la mayoría de los mexicanos, fueran más críticos en el decir y el hacer. Si la oposición no cambia su discurso y su forma de actuar, por más cuestionable que sean los resultados de un gobierno, los electores no los beneficiarán con sus votos. Por lo que hasta ahora hemos visto, PAN, PRI y MC continuarán en la ruta tibia y timorata, envueltos en una incapacidad de construir una propuesta alternativa y señalar con mayor fuerza al gobierno y sus partidos aliados. Finalmente, de aquellas organizaciones que han solicitado su registro como nuevos partidos políticos no hay mucho que decir, pero tampoco que esperar. En apariencia y desde la distancia, su papel será más bien testimonial y terminarán logrando, en el mejor de los casos y quizá uno o dos de ellos, su registro y algunas posiciones legislativas.
En lo que corresponde a las autoridades electorales, aquí el escenario es trágicamente más claro. Tanto el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, están cooptados por Morena y el gobierno. Para muestra de lo anterior solo hay que observar las posiciones que sus integrantes han asumido en los últimos meses a raíz de la elección judicial. En el INE Morena logró colocar, mediante el proceso de tómbola con el que en marzo de 2023 se seleccionó a cuatro nuevos integrantes del Consejo General, con lo que la mayoría de este órgano terminó por inclinarse hacia los intereses del partido en el poder. En el Tribunal Electoral la situación no fue tan distinta, pues a cambio de la lealtad ciega de tres de sus cinco integrantes, Morena decidió excluir del reciente proceso de elección judicial la renovación de su Sala Superior. Así, con un organizador de los procesos y un verificador del cumplimiento de las normas electorales sometidos al poder, el papel que puede preverse que ambos desempeñarán será de comparsas.
Ciudadanos poco participativos, medios de comunicación en su mayoría silentes, un gobierno que apabulla con apoyos sociales, partidos del poder que actúan al margen de la ley y de oposición que no se recuperan de la derrota desde hace siete años y autoridades electorales cómplices son los actores que definirán el futuro de la competencia electoral. ¿Todo está perdido para la competencia electoral y la democracia? En nuestra última entrega de esta serie dibujaremos una propuesta para que esto no suceda.
Profesor y titular de la DGACO, UNAM
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