Tomemos la oportunidad de la defensa de la historia y sus representaciones estatuarias y reconozcamos también la utilidad simbólica y didáctica de mantenerlas o removerlas. Cambiar los nombres de calles, colonias y al mismo tiempo defender la permanencia de unas y otras es el inicio de un debate ideológico identitario generalmente rechazado.
¿Es la ignorancia o es el poder el espacio donde efectivamente radica la última respuesta? ¿Es el derecho, nuestra afiliación ideológica, nuestro modo de interpretar, cómo debemos representarnos ante quienes nos eligieron o designaron la causa determinante de retirar, renombrar, reponer, colocar?
Estatuas de personas polémicas están localizadas en todas las plazas del mundo. De ganadores y vencidos. Si pertenecemos a la izquierda, ¿debemos rechazar a Cristóbal Colón y defender a Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara? ¿O escuchar la voz popular al respecto?
Y ese es tema de una de las tres marchas. Las otras dos con las cuales lidió también este domingo el gobierno encabezado por Clara Brugada son las relacionadas con la de una comunidad justificadamente crítica de los excesos del gobierno de Israel contra la población de Gaza y la vinculada a una gentrificación inevitable y al mismo tiempo aminorable como es el empeño de la gobernante capitalina.
Cabe preguntarse cuál es la marcha necesaria para indicar que nunca fue propuesta de Brugada “congelar” las rentas, sino simplemente, en ese aspecto contractual, respetar la ley relacionada con aumentos de acuerdo con la inflación de cada contrato en su renovación.
El legítimo derecho a la protesta puede ser convertido en unos segundos, en una exhibición de intolerancia o xenofobia o en una nueva distorsión o iteración de una causa esencial y eventualmente justificada. Al mismo tiempo, la enorme mayoría de la población rechaza los bloqueos y marchas, el tráfico o de vez en vez la contaminación y muchas incivilidades, de acuerdo con el vocabulario del INEGI.
La segunda marcha convocada contra la gentrificación, ahora en Fuentes Brotantes, en Tlalpan, muestra al menos tres momentos a tomar en consideración. En primer lugar, la legitimidad frente a un fenómeno del cual ya han sido abordadas medidas desde el Gobierno de la Ciudad de México con la emisión del Bando Uno, así como mesas de diálogo encaminadas a mediar en un problema de orden global. Un segundo aspecto muestra el protocolo diseñado por las autoridades capitalinas para la contención de daños colaterales a las manifestaciones, como ocurrió en la primera marcha realizada en las colonias Roma, Condesa y Juárez, que derivó en vandalismo.
El tercer punto es la deslegitimación generada por quienes violentan un proceso democrático con pintas como “¿Fuera gringos?, Fuera ricos”.
En la Ciudad de México se han desarrollado protocolos para la vigilancia de las manifestaciones que intentan romper con la lógica de la confrontación, desde la extinción del cuerpo de granaderos por parte de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue Jefa de Gobierno, hasta el protocolo de acompañamiento de ayer a la marcha contra la gentrificación con el encapsulamiento y la presencia policial sin armas.
Este contexto hace relevante la discusión sobre cómo Morena busca reordenar su estructura territorial. El Congreso Nacional de ese partido define también la forma como el movimiento, surgido de plazas y marchas, con liderazgos de origen y territorio como el de Brugada, se relaciona con la ciudadanía.
Y un mensaje central, en medio de las acusaciones contra el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, según denuncia de un gobernador de Morena: no hay pactos de impunidad ni se protege a quien incurre en actos de corrupción. Tiempo de discusión interna define Alfonso Durazo o de cerrar filas, según Adán Augusto.
La democracia necesita antagonismo, no imposición de un consenso absoluto.