La Ciudad de México enfrenta hoy un enorme reto en materia de desarrollo sostenible. En este contexto, la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local anunció que presentará una nueva Ley de Ordenamiento Territorial para contribuir a subsanar los pendientes en la materia.
Bienvenida la iniciativa, pero debe ser analizada y discutida ampliamente, porque resulta urgente establecer un marco normativo que dé viabilidad a la segunda urbe más poblada de Latinoamérica.
Se trata de una agenda pendiente, sobre todo ante la aprobación del Plan General de Desarrollo Urbano (PGDU) y de otros instrumentos de planeación territorial que, hasta ahora, han mostrado rezagos importantes.
El Valle de México concentra más de 21 millones de habitantes. Una megalópolis de este tamaño no puede seguir funcionando bajo reglas obsoletas: crecimiento desordenado, asentamientos irregulares, desigualdad social y precariedad de servicios, incluyendo drenaje colapsado e inundaciones recurrentes. Todo ello ha alcanzado niveles críticos.
La nueva ley, como lo adelantó la diputada Olivia Garza, busca fijar normas claras para la planeación, uso del suelo y asentamientos humanos. El reto es enorme, pero ineludible: construir una ciudad habitable, justa, equitativa, democrática y resiliente.
La capital padece desigualdad profunda. Mientras unos disfrutan de colonias con todos los servicios, otros sobreviven hacinados en asentamientos irregulares, desplazados por la gentrificación y sin acceso a vivienda digna. Este déficit no puede resolverse con un mercado inmobiliario cada vez más elitista, mucho menos cuando el llamado “cártel inmobiliario” convirtió la especulación y la corrupción en regla. La nueva ley debe cerrar de manera definitiva el paso a esas prácticas depredadoras y violatorias del uso del suelo.
Instituciones como el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y la PAOT deben convertirse en la punta de lanza de los procesos de verificación y cumplimiento de las nuevas normas.
Otro frente prioritario es la movilidad. El futuro inmediato demanda consolidar un verdadero sistema de transporte sustentable: eficiente, accesible y no contaminante. Se requieren calles seguras, banquetas transitables y un espacio urbano que contemple por igual a peatones, ciclistas y automovilistas.
Los servicios públicos tampoco pueden seguir en el abandono. Ejemplos sobran: la poda de árboles y el desazolve de atarjeas antes de la temporada de lluvias son letra muerta en alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. El suministro de agua sigue siendo deficiente y la gestión de residuos sólidos es ineficaz. La nueva visión debe incluir soluciones integrales: modernizar el sistema hidráulico, gestionar inteligentemente los desechos y coordinar programas de vivienda digna, asequible y sustentable.
La agenda ambiental es otro terreno impostergable. La capital debe combatir la contaminación del aire y del agua, frenar la pérdida de áreas verdes, conservar la biodiversidad y reconocer plenamente los derechos de los seres sintientes. La lucha contra el cambio climático exige poner alto a la depredación de bosques, barrancas y al agotamiento de acuíferos.
La vulnerabilidad sísmica de la Ciudad obliga a diseñar una urbe resiliente frente a desastres naturales. La planeación debe incluir criterios de seguridad estructural y protocolos de prevención que garanticen la supervivencia de la población en caso de emergencia.
El debate sobre la nueva ley no puede quedarse en el terreno político. Para que funcione, debe nutrirse de urbanistas, especialistas en desarrollo sustentable, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Una capital de esta magnitud requiere una visión metropolitana y megalopolitana: no basta con pensar en las 16 alcaldías, sino en los 59 municipios conurbados y ciudades centrales que forman parte de la dinámica regional.
Pero hay un punto crucial: no habrá ordenamiento territorial efectivo si no asumimos que todos tenemos una responsabilidad. Nos hemos tardado en desterrar los plásticos, en ahorrar agua, en frenar la tala de bosques y en respetar a los pueblos originarios, afromexicanos e indígenas. El motor del desarrollo ya no puede ser la ganancia inmediata, sino la sustentabilidad, la vida y la fraternidad.
El reto es monumental: construir una ciudad más comunicada, verde, resiliente y humana. Y para lograrlo, cada ciudadano debe aportar su granito de arena. Nuestro futuro no se juega solo en las leyes, sino en la conciencia y la acción colectiva de quienes habitamos esta gran capital.
El futuro de la CDMX será tan esperanzador como lo permita nuestra capacidad de respuesta como sociedad y el compromiso de quienes tienen la responsabilidad de liderar el cambio. Vamos todos por una ciudad sostenible y sustentable.