En el Paquete Económico 2026, el Gobierno Federal decidió dar un paso fuerte en materia de recaudación al proponer un incremento histórico al IEPS aplicado a refrescos, bebidas saborizadas y productos con edulcorantes. La cuota pasaría prácticamente a duplicarse, lo que en automático se traducirá en un encarecimiento de entre 10 y 15% para los consumidores. El argumento oficial es claro: se trata de un impuesto “saludable”, con el que se busca reducir el consumo de productos dañinos y, al mismo tiempo, obtener alrededor de 41 mil millones de pesos que, se promete, serán destinados íntegramente a fortalecer los servicios médicos en México.
El discurso suena impecable en el papel. La Secretaría de Hacienda asegura que esos recursos se usarán en programas de prevención, compra de medicamentos, clínicas mejor equipadas y proyectos para ampliar la cobertura. El secretario de Salud, David Kershenobich, respalda esta visión y afirma que se trata de una medida con sentido social, cuyo beneficio será evidente en la calidad de vida de millones de mexicanos. Sin embargo, la experiencia nos obliga a mirar con desconfianza. Ya antes se han creado impuestos con fines extrafiscales, y los resultados distan mucho de lo que se prometió.
En este caso, la medida golpeará de inmediato a quienes menos margen de maniobra tienen. Las familias que diariamente compran un refresco en la tiendita de la esquina sentirán el aumento. Los pequeños comercios, que viven de la venta de abarrotes y bebidas, tendrán que enfrentar una reducción en sus ingresos o trasladar el costo al consumidor final. Mientras tanto, el gobierno insiste en presentar la decisión como una especie de cruzada por la salud pública, cuando en realidad no deja de ser una estrategia para engrosar la recaudación.
El gran reto no está en aumentar la cuota del IEPS. El verdadero desafío será garantizar que cada peso adicional efectivamente llegue a los programas de salud que hoy se mencionan. Porque de poco sirve encarecer productos, si los hospitales continúan con desabasto, si las clínicas rurales siguen sin médicos o si la prevención queda reducida a discursos. El riesgo de que todo se diluya en burocracia o se utilice para fines ajenos a la salud es enorme.
Y aquí es donde entran los nombres. Quienes están llamados a responder por la transparencia y eficacia de esta medida son claros: la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván; los secretarios de la misma comisión, Frinné Azuara Yarzábal y Héctor Jaime Ramírez Barba; el secretario de Hacienda, Edgar Amador, autor del paquete económico; y el secretario de Salud, David Kersenobich, quien respalda el destino de los recursos. A ellos habrá que pedirles cuentas si dentro de un año seguimos escuchando que faltan medicinas, que la infraestructura es insuficiente o que las promesas nunca se cumplieron.
Tampoco puede omitirse la responsabilidad del resto de diputadas y diputados que tendrán en sus manos la aprobación de la Ley de Ingresos. Cada voto a favor de este incremento significa un compromiso con la ciudadanía, y la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir que ese dinero llegue exactamente a donde se nos dijo: al sistema de salud. No a otro lado.
El aumento al IEPS se presenta como una política pública de salud, pero en la práctica se siente más como un impuesto disfrazado. Lo que está en juego es la confianza. Si los recursos realmente se traducen en hospitales mejor equipados, medicinas disponibles y programas de prevención efectivos, quizá valga la pena el sacrificio. Pero si no sucede así, entonces habremos sido testigos de una nueva carga fiscal presentada bajo un nombre atractivo, pero que en el fondo vuelve a recargar el peso de la recaudación en los mismos de siempre: la gente común y los pequeños negocios que sostienen a este país.
Por cierto:
1. OJO. La detención de Hernán “N”, alias El Abuelo y señalado como líder de La Barredora, encendió las alarmas en la estructura financiera de Adán Augusto. Me aseguran que Luis Montaño, operador clave y hombre de confianza del senador, decidió frenar sus movimientos en el Estado de México, donde buscaba acomodo político. Hoy, más que proyectarse, según le advirtieron las autoridades, debería estar midiendo cada paso.
Vivo la noticia, para contarle la historia @juanmapregunta