Una de las características de los gobiernos autocráticos es la de considerarse fundacionales. Todo lo que existía antes de ellos debe ser desechado, por inservible. Con ellos, la nación renace y, por lo tanto, la historia se reescribe a partir de la llegada al poder de la nueva elite. No importa que ellos se paren sobre lo construido, bien o mal, por las generaciones anteriores. El pasado queda convertido en un vacío. O, cuando mucho, es un bloque aplastado, oscuro y sin forma.
De ahí la pretensión que han tenido muchos para reescribir la historia y generar un mito de origen que sirva para justificar el estado de las cosas. De lo que se trata es de sacralizar y cristalizar el nuevo orden. Si no se sabe qué hubo antes, no hay manera para compararlo con lo que hay ahora.
Para reformular un acontecimiento histórico siempre es conveniente que no existan huellas del mismo. O que éstas puedan ser lo suficientemente poco claras como para permitir interpretaciones a modo. La idea es hacer que el pasado encaje con el presente de manera tal que la población tenga que admitir, y asumir como positiva, la inevitabilidad del poder de quienes lo detentan.
Hay casos extremos en esta práctica. Uno de ellos, se dice, es la destrucción de códices que ordenó el emperador azteca Itzcóatl, junto con su consejero Tlacaélel, para reescribir la historia mexica desde una perspectiva que justificara y consolidara la llegada al poder de la nueva elite.
Sin llegar a esos extremos, cualquier intento por escatimar información histórica relevante tiene como resultado dificultar la percepción de la realidad a lo largo del tiempo. Cuando quien restringe o destruye esa información está en el poder, deja claro que su intención es condenar a la población a vivir bajo el imperio del discurso oficial: las cosas fueron como yo digo que eran y son como digo que son.
Todo esto viene a cuento por la decisión gubernamental de eliminar los sistemas de información educativa, que evaluaban el desempeño de los estudiantes, con el fin expreso de identificar fallas y mejorar la calidad de la educación. La eliminación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, primero, de Mejoredu (el organismo que sustituyó al INEE) después, se acompaña ahora por la desactivación de portales y archivos con los datos recabados durante más de dos décadas. Es un vacío creado desde arriba. En medio de esa oscuridad sólo quedan los resultados de la prueba internacional PISA, diseñada por la OCDE y aplicada por el Ceneval, que ha sido criticada por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, con el profundo argumento de que no sirve para nada.
El asunto viene aderezado, obviamente, por descalificaciones ideológicas a las pruebas estandarizadas, como si nadie supiera los límites que éstas tienen, y como si, a cambio de ello, en México se aplicaran métodos evaluatorios capaces de contextualizar la situación económica, social y familiar de los estudiantes.
Lo que se pretende es muy simple. Cerrar ojos y oídos ante las deficiencias del sistema educativo nacional. Que nadie pueda certificar su deterioro. Manejar políticamente las cosas con el Sindicato y con la Coordinadora. Descalificar como discriminatoria y desenfocada cualquier evaluación crítica comparativa (tanto dentro del país como internacionalmente). Tranquilizar a los padres con la política de no reprobación. Confiarse en que los efectos nocivos de un sistema educativo deteriorado no se expresan sino en el mediano y largo plazo. Y afirmar, orondos, que la escuela pública va mejor que nunca. No por nada es la Nueva Escuela Mexicana. La de la nación refundada.
Simulación, le dicen unos. Oscurantismo, le dicen otros.
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