Desde el 2018, la narrativa antineoliberal y nacionalista bosquejó un modelo gobiernista para la generación de energía eléctrica con base en una legislación de la industria que fue motivo de múltiples controversias por la vía de la acción de inconstitucional y la del juicio de amparo, cuyas resoluciones confrontaron al presidente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conduciría a la reforma judicial, la desintegración del más alto tribunal y la prohibición constitucional de la suspensión con efectos generales de una ley combatida por su inconstitucionalidad.
La contra reforma eléctrica ha sido una de las banderas de la 4T, en su primer y segundo pisos, y la recentralización de la toma de decisiones en la Secretaría de Energía y la CFE; la desaparición de sus filiales; la limitación de la autonomía de los órganos reguladores; la compra de los activos de Iberdrola en México, y la modificación constitucional en materia energética (2024) y la legislación secundaria (2025) son los efectos visibles de la narrativa basada en la pretensión de fortalecer la soberanía en el sector.
Sin embargo, frente al discurso y el cambio normativo hay una realidad económica y una exigencia de crecimiento acelerado de la dotación de mayor energía insoslayables, que condicionan estructuralmente y disminuyen significativamente la implementación de los deseos políticos y legislativos en pro de la planeación centralizada, enfocados a reubicar a CFE como actor dominante del mercado de generación de energía eléctrica con la construcción de 60 plantas durante los próximos seis años.
En principio, desde la exposición de motivos de la contra reforma energética impulsada por el gobierno actual, hay un reconocimiento de la imposibilidad de que CFE sea la única empresa generadora de electricidad al establecer un espacio potencial del 46 % del mercado para los gestores privados, nacionales o extranjeros, quienes ralentizaron sus inversiones desde 2018, como una reacción a la narrativa nacionalista y gobiernista y resultado del no otorgamiento de nuevos permiso durante el sexenio pasado.
En septiembre de 2025, la CENACE informó que la CFE supera el mínimo de participación del 54 %, que llega a más del 60, pero no es suficiente, ya que la demanda de energía crece alrededor del 3 % anual, que es una tasa más rápida a la que corresponde a la generación, con lo que los riesgos de indisponibilidad aumentan. Desde noviembre de 2024, el gobierno anuncio que los trámites para autorizar permisos serían menos burocráticos y se invitaría a los privados a participar en inversiones en infraestructuras de energías limpias.
Las condiciones estructurales están a la vista. El presupuesto público es insuficiente para llevar a cabo las inversiones que se requieren para atender la demanda creciente y se requiere que se inyecten recursos provenientes de empresas privadas, que dispongan de tecnología de punta en energías renovables, y esto es tan evidente que las nuevas leyes mantuvieron la autonomía del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE) también posee autonomía técnica y de gestión, con nombramientos ratificados por el Senado, aunque tenga un nexo con la Secretaría de Energía, que elabora y ejecuta la programación del sector.
Si bien el modelo gira hacia la planeación centralizada como estrategia de fortalecimiento del sector energético y se reduce la participación del mercado (productividad y competencia) en la determinación de la procedencia de la energía suministrada a las redes de distribución, lo cierto es que hay un espacio importante para la inversión privada. Lo único prohibido son los esquemas de autogeneración.
Las condiciones estructurales, demanda creciente e insuficiencia de inversión pública, son la principal causa de que la estrategia “nacionalizadora” de la energía eléctrica del lopezobradorismo se suavice y explica que, desde el año pasado, se hagan guiños al sector privado para que invierta en el sector. El pasado viernes 17 de octubre se publicó la convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica (sic), que establece la ruta para que particulares desarrollen centrales eléctricas bajo la planeación vinculante del sector eléctrico al 2030 y el lunes 20 se invitó a los empresarios a entrarle, con el propósito que en diciembre próximo inicien los proyectos.
En este contexto, el fantasma de la narrativa nacionalista aparece y hay quienes dudarán de las intenciones del gobierno de respetar en el largo plazo las inversiones y plantean una mayor “claridad” regulatoria, es decir, que haya más garantías formales de autonomía a las autoridades reguladoras y que su vinculación del gobierno y a la empresa pública de su propiedad sea menor. El debate de la primera década del siglo se recrea. Hago votos porque la confianza en el sector sea suficiente para evitar el riesgo de indisponibilidad de energía eléctrica.