En los últimos 20 años, la guerra contra las drogas y el narcotráfico ha presentado problemas para la sociedad mexicana en general y para las fuerzas armadas en particular. A los casos de lucha contra las organizaciones criminales y carteles de la droga, hay que sumar los esfuerzos que hacen en incautación de drogas y en la erradicación de cultivos ilícitos.
Esta lucha contra los cultivos tiene casi 100 años de historia. El objetivo ha sido acabar con la oferta de marihuana y amapola desde la raíz. La erradicación forzada, mediante los métodos de aspersión aérea y métodos manuales, ha sido llevado a cabo por las fuerzas armadas de México en varios periodos, y por la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en otros. Sin embargo, las primeras han sido las encargadas de estas acciones al hacer parte de la guerra contra las drogas y el narcotráfico. Para poner en contexto, el año que presento mayor erradicación fue 2003 con aproximadamente 50,000 hectáreas de estos dos cultivos y para 2022 la cifra era de 12,300 hectáreas. Esta caída en parte explicada por la legalización de marihuana en los estados de Colorado y Washington, Estados Unidos, en 2012.
El uso de las fuerzas armadas es un recurso limitado que debe ser administrado de manera eficiente. Las unidades militares pueden estar en el terreno combatiendo a las organizaciones del crimen o en el campo, erradicando cultivos ilícitos y, posiblemente, quitándole fuentes de ingreso a las organizaciones criminales. Por lo anterior, estas unidades deben ser usadas de la mejor manera.
¿Qué podemos aprender de otros países que enfrentan luchas similares?
En 2015, el gobierno se Colombia detuvo su programa de erradicación forzada mediante la fumigación de cultivos. El actual presidente de este país ha disminuido los programas de erradicación forzada manual en favor de programas de sustitución voluntaria. El objetivo es centrar la política pública en los cultivadores, mientras se entablan diferentes procesos de paz con grupos criminales y de narcotráfico.
Lejos de discutir si dicha política es acertada o no, quiero enfocar mi atención en la cantidad de hectáreas erradicadas bajo el actual gobierno colombiano y en su cambio de estrategia de combate. Por una parte, en los últimos meses se ha abierto la discusión para que se retome la erradicación forzada por fumigación aérea, prohibida hace 10 años. Por la otra, los esfuerzos de erradicación manual han disminuido estrepitosamente, al pasar de 69,000 hectáreas erradicadas por año en 2022 a 9,400 en 2024. Más aún, en los primeros siete meses del presente año, se han erradicado 3,600 hectáreas, continuando la tendencia a la baja.
En una investigación reciente, académicos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, sugieren que las actitudes tomadas por las comunidades pueden guiar el accionar político. Específicamente, los autores encuentran que brindarle información al público en general sobre las opiniones de la comunidad afectada cambia la percepción y la opinión pública sobre la erradicación forzada.
¿Cómo podemos usar esta información?
En muchas ocasiones, la tentación recae en apoyar cualquier método que ataque a las organizaciones criminales y sus fuentes de ingreso. Sin embargo, estas políticas se enfocan en hacerle daño al victimario y dejan de lado a las comunidades víctimas de estas organizaciones. Estas políticas de erradicación forzada no están centradas en las víctimas ni en cómo poder ayudarlas.
¿Qué podemos hacer?
Poner a las víctimas en el centro de la discusión nos ayudaría a tener un mejor uso de los recursos limitados. En lugar de perseguir a los pequeños campesinos o cultivadores, se debe entender las razones que los llevan a involucrarse en dichas actividades. La falta de bienes públicos y oportunidades se ha reconocido como un determinante. Áreas marginadas con poco acceso a servicios son más probables de apoyar (directa o indirectamente) a los grupos de crimen organizado.
Si logramos entender a las comunidades afectadas y escuchar sus necesidades, podemos abordar el problema de una mejor manera. En lugar de enviar miembros de las fuerzas armadas a erradicar cultivos, se podría destinar dinero a mejorar la situación socioeconómica de los cultivadores, de tal forma que la presencia de los miembros de las fuerzas armadas sea solo para servir y proteger a dicha comunidad de grupos criminales. Solo de esta forma podremos avanzar en esta guerra contra las drogas.
*El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.