La política mexicana vive una etapa decisiva en la consolidación de sus mecanismos de participación ciudadana. En este contexto, la iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para adelantar la consulta de revocación de mandato al año 2027 no debe verse como una maniobra coyuntural, sino como una apuesta por la madurez institucional del país y por la coherencia entre democracia representativa y democracia participativa.
Lejos de la lectura simplista que algunos medios han querido imponer , esa idea errónea de que se trata de subir a la boleta la alta aceptación entre la población de la Doctora, la propuesta de Ramírez Cuéllar busca armonizar calendarios electorales, reducir costos públicos y fortalecer la legitimidad presidencial a mitad del sexenio, un momento clave en el que la ciudadanía puede refrendar o reconsiderar el rumbo nacional.
La democracia debe tener continuidad y evaluación, por lo que el planteamiento de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias no es nuevo en el debate académico ni en la experiencia comparada.
En diversos países se ha demostrado que la participación ciudadana se potencia cuando los ejercicios de evaluación coinciden con procesos electorales ordinarios. Esto permite un ahorro sustancial de recursos públicos, tema que Ramírez Cuéllar conoce con profundidad desde su trayectoria como economista, y reduce la fatiga cívica derivada de convocatorias aisladas.
Más allá de la logística electoral, la propuesta encierra una visión de gobernabilidad democrática. La Presidenta Claudia Sheinbaum, quien goza de amplio respaldo social, podría someterse voluntariamente a ese ejercicio de refrendo popular sin esperar a los plazos de 2028. Lejos de debilitarla, ello consolidaría su legitimidad y demostraría que en México el poder se ejerce con apertura al escrutinio ciudadano.
La diferencia de fondo la vemos entre la audacia vs. la cautela, en la misma bancada de Morena han surgido matices. El diputado Ricardo Monreal, con su acostumbrada prudencia procesal, ha pedido “más tiempo para el análisis” y evitar lo que llama un “albazo legislativo”. Esa reserva es legítima, pero también revela la distancia entre quienes entienden la política como gestión de equilibrios y quienes, como Ramírez Cuéllar, la entienden como impulso transformador.
El ex presidente de la Comisión de Presupuesto y uno de los diputados con mayor conocimiento técnico de la hacienda pública, ha sido coherente, su iniciativa no busca alterar el mandato de nadie, sino dotar de mayor eficiencia y transparencia al ejercicio democrático. México necesita más decisiones de fondo y menos temor al debate.
El mensaje político y el precedente histórico demuestra que la revocación de mandato, lejos de ser un instrumento de desestabilización, puede convertirse en el mejor termómetro de legitimidad presidencial. Ramírez Cuéllar ha entendido que un gobierno fuerte no se mide por evitar la rendición de cuentas, sino por buscarla. Su propuesta, por tanto, es una invitación a institucionalizar la evaluación ciudadana como parte del ciclo normal de gobierno.
Si esta reforma prospera, el país podría alcanzar en 2027 un nuevo estándar de participación, una ciudadanía activa, una presidenta con voluntad de refrendo y un Congreso que da cauce al derecho a opinar sobre el rumbo nacional. En términos democráticos, no hay gesto más poderoso.
Concluyo, Mientras algunos prefieren aplazar la discusión, Alfonso Ramírez Cuéllar abre un horizonte que combina racionalidad fiscal, madurez política y respeto pleno a la soberanía popular. Su propuesta no busca favorecer a una persona, sino fortalecer un principio, que en la democracia, quien gobierna no teme ser evaluado.
En tiempos donde la confianza pública exige acciones audaces, el país necesita más legisladores con visión de Estado y menos guardianes del inmovilismo.
Porque las transformaciones verdaderas no esperan la comodidad del calendario, se construyen con el valor de adelantarse a la historia.