Mañana en su sesión ordinaria el Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura, tendrá la oportunidad histórica de dar un paso más para configurar una Metrópoli vanguardista que tutela los derechos y garantías que poseen todos sus habitantes, tal y como mandata la Constitución Política CDMX. En la sede del Poder Legislativo local se presentará la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley que Regula el Comercio en el Espacio Público en la Ciudad de México”, para finalmente, dotar al comercio popular de una legislación de vanguardia que proteja sus derechos sociales y establezca sus obligaciones jurídicas y económicas. Se trata de un amplio esfuerzo parlamentario de carácter multipartidista que tiene como protagonistas a la diputada y líder social Diana Sánchez Barrios, así como a los legisladores Juan Estuardo Rubio Gualito y Pablo Trejo Pérez. Esta propuesta de ley es una versión actualizada de la “Iniciativa Ciudadana Preferente Chambeando Ando”, en cuya confección participaron miles de comerciantes y decenas de especialistas.
Olvidado, estigmatizado y criminalizado durante décadas, el importante sector del comercio popular ha cobrado una relevancia económica y social que resulta fundamental frente a los problemas de la creciente desigualdad que afectan a nuestras comunidades. Prueba de ello son los datos que arrojan distintos reportes del INEGI como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo o la relativa a las Mediciones de la Economía Informal Trimestral por Entidad Federativa, donde se aprecia que el comercio popular no es un problema, sino más bien una solución a los graves desafíos del desempleo y la precariedad que aún persisten en México. De acuerdo con la información disponible el comercio en la vía pública, también denominado, prejuiciosamente, “callejero”, “informal”, “ambulante” o “itinerante”, ha crecido sin interrupción, convirtiéndose en una alternativa real para la sobrevivencia de millones de personas.
Para octubre 2025 se habían creado más de 655 mil plazas en el sector informal de la economía elevando su tasa de participación del 54.8% al 55.7%, siendo las mujeres el principal actor económico. Se estima que actualmente más de 33 millones de compatriotas trabajan en el sector del comercio popular. Esto en el marco de un descenso –el más pronunciado en la última década- en la creación de empleo formal que, por el contrario, en este periodo perdió 308 mil puestos de trabajo y además, con una previsión a la baja del crecimiento económico estimado por el Banco de México en 0.3% para el cierre de 2025. La ocupación en el país se encuentra estancada dado que 59.5 millones de personas estuvieron ocupadas en el tercer trimestre de este año, una cifra exactamente igual a la de 2024.
Hablar de justicia social, entonces, no es un lujo académico, es una urgencia ética. Es entender que no puede haber democracia, ni desarrollo social sin equidad, ni futuro sin reconocer el trabajo de todos. Es dejar de ver al vendedor ambulante como un estorbo y empezar a entenderlo como un actor económico relevante. Cansado de habitar en los márgenes del sistema, el comercio popular ha activado una llama de esperanza que habla el lenguaje de la justicia social. El comercio popular es trinchera y testimonio de la dignidad humana que se niega a morir en el silencio de la exclusión. Representa un acto de resistencia que clama por el reconocimiento de los olvidados. El comercio popular, despreciado por los poderosos, es el corazón palpitante de un movimiento social que habla la lengua de los marginados y de los derechos negados.
Si se aprueba esta iniciativa legislativa, la Ciudad de México estaría colocándose a la altura de otras grandes urbes del planeta donde el comercio popular ya es reconocido legalmente como un factor del desarrollo económico, social y humano. Enhorabuena.