Esta semana, el 18 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y confirma el propósito de la centralización en la planeación y ejecución de la contratación pública con la acumulación de facultades en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG). El acento está puesto en la contratación estratégica, las negociaciones con los proveedores, los acuerdo marco y la consolidación. Sin sorpresas.
Este reglamento es el sustento para la emisión de las políticas, bases y lineamientos y los diversos acuerdos que regularán las nuevas figuras de adjudicación directa a cargo de las mencionadas dependencias globalizadoras de la Administración Pública Federal subordinada al Poder Ejecutivo, con lo que se conocerá con certeza como se llevaran a cabo estos procedimientos de contratación y la forma de controlar la discrecionalidad que concede la ley y su reglamento a los servidores públicos de alto rango, en la determinación de los proveedores del gobierno federal en los contratos de mayor monto o requeridos directamente por la presidenta Sheinbaum.
El diálogo estratégico y competitivo, y los distintos tipos de adjudicación directa ahora tienen reglas más precisas, que facilitan el seguimiento de los procedimientos y la verificación de los mismos por las contralorías, pero con baja intervención de otras instancias de control interno o externo, lo que favorece a la celeridad para la dotación de bienes o la prestación de servicios, pero puede reducir la transparencia y aumentar los riesgos de corrupción.
El reglamento establece las facultades de los comités de contratación estratégica y de adquisiciones, arrendamientos y servicios de procedimientos de contratación consolidados en los que interviene la SHCP y la SABG y aquellos comités integrados dentro de las dependencias y entidades para planear, dar seguimiento y dictaminar la procedencia de las excepciones a las licitaciones públicas.
Lo destacable son el fortalecimiento de la regulación de la investigación de mercado, la adjudicación directa y el enfoque estratégico, que pretende darle una dimensión mayor al ejercicio del gasto público y a la colaboración de los particulares con las entidades públicas en los procesos de contratación. Todo esto en sintonía con la nueva ley y las tendencias internacionales en donde la contratación verde, la inclusión de grupos marginados, la mayor integración nacional y la perspectiva de género son ejes rectores del gasto público en la materia.
El gobierno avanza normativamente en el proceso de modificación del paradigma de la contratación pública. Más estratégica, pero por consecuencia más centralizada y discrecional. El reto es evitar que haya cuellos de botella que afecten la oportunidad de la disposición del bien o servicio y que no haya desviaciones que no se puedan prevenir oportunamente.
Sin sorpresas. El proceso de concentración de las decisiones en la cúpula cercana a la titular del poder ejecutivo continúa y el gasto público corriente se controla desde palacio nacional. El éxito de la estrategia dependerá de la honestidad de un puñado de servidores públicos, pero en caso de que fracase, todo el costo político de la corrupción lo asumirá la cabeza del gobierno. Es una apuesta arriesgada.
Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores
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