En este cierre de 2025, América Latina se encuentra en plena reconfiguración política. El mapa regional muestra un claro avance de fuerzas de derecha y ultraderecha en varios países clave cómo la consolidación de Javier Milei y su proyecto para Argentina tras recibir un fuerte respaldo legislativo o bien José Antonio Kast que asume la presidencia en Chile con un discurso de orden y seguridad que marca el debut de la ultraderecha en democracia plena, Rodrigo Paz pone fin a dos décadas de gobiernos socialistas en Bolivia, y otros países como Ecuador, Paraguay o Perú muestran alineamientos conservadores.
Este giro, se sugiere impulsado por la incapacidad de las izquierdas de atender con eficacia temas estructurales como la inseguridad, economías dolarizadas por la inflación y promesas sociales incumplidas, se ven favorecidas por la consigna de “América para los americanos” reeditada por Donald Trump y que proyecta su sombra imperial y presión geopolítica sobre la región.
Esta tendencia genera desafíos profundos para el futuro de la integración latinoamericana y el desarrollo con justicia social. Los gobiernos y movimientos de ultraderecha tienden a priorizar recortes en el gasto social, políticas de “mano dura” que afectan derechos de minorías, y agendas nacionalistas-proteccionistas que debilitan la cooperación regional. La mayor alineación con intereses externos, especialmente estadounidenses, en varios casos, pone en riesgo la soberanía y la autodeterminación que tanto ha costado conquistar en las últimas décadas.
En este escenario, resulta urgente que los pueblos latinoamericanos impulsen una reconfiguración alternativa: un crecimiento más uniforme y equitativo, anclado en principios de justicia social, sostenibilidad ambiental y democracia participativa. No se trata de añorar un pasado, sino de construir un futuro posible mediante estrategias concretas:
Fortalecer la integración regional con rostro social, priorizando la reducción de desigualdades, la protección de derechos humanos y políticas comunes frente al cambio climático y la inseguridad transnacional. Organismos como la CELAC deben recuperar protagonismo con una agenda que vaya más allá de la retórica.
Impulsar la democracia participativa real, abriendo espacios genuinos para la sociedad civil, los movimientos sociales y las comunidades, de modo que las decisiones políticas respondan a las necesidades de las mayorías y no solo a lógicas de mercado o poder.
Desplegar estrategias y políticas públicas inclusivas y sostenibles, que inviertan en tecnologías, educación, salud, empleo digno y reducción de brechas de género, territoriales y étnicas, sin ceder ante las presiones del ajuste fiscal a ultranza.
Defender la soberanía y rechazar la injerencia externa, permitiendo que América Latina defina su propio camino de desarrollo, sin subordinarse a agendas geopolíticas foráneas.
Hoy más que nunca, la articulación entre “movimientos sociales”, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos que aún mantienen un perfil progresista como México, Brasil, Colombia, entre otros, resulta clave. Solo desde una mayor coordinación podrán contrarrestar la narrativa dominante de mano dura y desregulación, y promover visiones que pongan el bienestar colectivo y la inclusión en el centro.
La reconfiguración de América Latina no está escrita. Puede derivar en mayor fragmentación, desigualdad y dependencia, o puede convertirse en oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo más justo, soberano y sostenible. La elección depende de la capacidad de organización, movilización y propuesta de las fuerzas sociales y políticas que apuestan por la mayoría de la población. El 2026, con elecciones decisivas en varios países, será un momento crucial para inclinar la balanza. La historia, como siempre, no perdonará el retraso o la pasividad.