La Central de Abasto funciona como una muy localizada muestra de gobernabilidad: en sus pasillos, los precios importan tanto como el orden y distribución de los consumibles mientras el proceso de compraventa en su abundancia, horario y satisfactoria conclusión es indicador de un cuidado resultante de la habilidad institucional como de la participación de comerciantes y clientelas.
Con una extensión de 327 hectáreas y transacciones anuales superiores a los 9 mil millones de dólares, la CEDA fue durante algunos años enclave de poder informal. La extorsión presencial operaba como un impuesto invisible para comerciantes y transportistas, quienes la asumían como costo estructural para trabajar.
El éxito mercantil dependía de un equilibrio frágil frente a la criminalidad. Ese balance se ha modificado. La extorsión presencial ha retrocedido ante una estrategia operativa, colaborativa, investigativa con presencia policial focalizada y un sistema de videovigilancia inaugurado en enero del 2020 con el liderazgo entonces de Claudia Sheinbaum Pardo al decidir la ampliación de la red a ese crucial centro de abasto de la CDMX.
Con más de 600 cámaras de alta definición y una coordinación quirúrgica desde el C5, el Centro de Comando y Control (C2) de la Central ha mapeado los patrones de movimiento delictivo. La videovigilancia transforma el entorno: vuelve rastreable el rostro del extorsionador y rompe la ficción del anonimato.
Este modelo de vigilancia inteligente, reforzado por la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de Justicia, ha permitido una reducción sostenida de los delitos de alto impacto dentro del complejo, en convergencia con los resultados de la estrategia de seguridad implementada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Nada de esto podría explicarse sin la colaboración estratégica del sector privado y los propios empresarios de la CEDA. La visita de Mónica Pacheco, coordinadora general de la Central al C5, así como los recorridos constantes de supervisión que hemos realizado en conjunto al interior y en las inmediaciones, funcionan como auditorías de campo para verificar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y las expectativas vecinales de las colonias colindantes.
Brugada ha mostrado cómo resolviendo la seguridad mejoran operaciones mercantiles y percepción en beneficio del consumidor final.
Este andamiaje de protección se amplía cuando la administración reconoce que la seguridad urbana pasa por las calles, pasillos, bodegas y espacios de hospedaje que rodean los centros de flujo masivo.
La entrada en vigor este lunes del “Protocolo de Actuación para Establecimientos de Hospedaje: espacios seguros y libres de violencia por razones de género para mujeres, niñas, niños y adolescentes” constituye una política de avanzada que obliga a los establecimientos a adoptar medidas estrictas de identificación y reporte, rompiendo con la omisión histórica que permitió zonas de riesgo o tránsito para delitos como la Trata de Personas.
El reglamento establece criterios de actuación inmediata y coordinación interinstitucional, donde el C5 aporta monitoreo en tiempo real a partir de la integración de cámaras privadas al sistema de videovigilancia público más robusto de América. Y debe insistirse: entre más cámaras privadas desde domicilios particulares o negocios, instaladas en los mismos, se robustece la totalidad del sistema siempre que exista la disposición cívica de compartir videoevidencia de presuntos incidentes delictivos.
Esta regulación confirma la visión de Brugada dirigida a desmontar formas de violencia estructural. Una arquitectura integral de cuidado favorecedora en espacios como la CEDA o el hospedaje es convertida en modelo de resiliencia urbana, donde el orden se acompaña de vigilancia inteligente, reglas claras y corresponsabilidad social.