El maltrato animal observado durante el desplazamiento forzado de los franciscanitos a diferentes refugios improvisados, obliga a reflexionar sobre el lugar que los animales no humanos ocupan en nuestras sociedades. Debemos examinar la “cuestión animal” no solo desde la ética, sino como un problema estructural del poder político. Para ello, resulta necesario iniciar con la afirmación tajante de que la dominación que ejercemos sobre ellos es un “crimen en tiempos de paz”, por lo que debemos redefinir los límites entre humanos y animales, cuestionando la exclusión de estos últimos de la esfera política y de los derechos. Es claro que el poder organiza, jerarquiza y gobierna las vidas animales y esa gestión se encuentra profundamente entrelazada con la política, la economía y la historia social. El animalismo de Estado representa una política que protege animales sin democratizar su cuidado.
Reconocer la sentiencia no garantiza justicia. Un animal puede ser concebido como sintiente y aún así, ser desplazado, confinado, medicamentado, separado de sus vínculos y administrado sin voz, ni representación. La pregunta clave no es si el animal siente, sino que se hace políticamente con ese reconocimiento. En este contexto, las comunidades de cuidado y los defensores de los animales son sujetos políticos invisibilizados. El cuidado es arrebatado a la comunidad y centralizado por el Estado. Las decisiones oficiales se presentan como técnicas, necesarias, inevitables o humanitarias, pero en realidad son decisiones políticas tomadas desde posiciones de autoridad. No se da por supuesto que el Estado actúa neutralmente y tampoco se considera que “proteger” siempre equivale a “cuidar”. Cuando se afirma: “rescatamos animales por su bienestar” se imponen las preguntas: ¿por qué así?, ¿por qué ahora?, ¿por qué sin diálogo?, y ¿por qué con la fuerza pública?
De entrada se rechaza la idea de que pertenecer a una especie –en particular la humana- sea un criterio legítimo para dominar, explotar o excluir moralmente a otros seres vivos. La vida de un animal no vale menos solo por no ser humana y así como el racismo o el sexismo establecen jerarquías injustas entre personas, el especismo establece igualmente una jerarquía entre especies. No es un prejuicio individual, sino un sistema institucional que se manifiesta con leyes, políticas públicas, discursos científicos y prácticas económicas. Desde esta perspectiva, el bienestar animal puede convivir perfectamente con su sometimiento. El especismo es un régimen de poder comparable al colonialismo y a otras formas de dominación. Por eso, se puede proteger a algunos animales y explotar brutalmente a otros sin contradicción institucional.
Contrariamente, el antiespecismo no se conforma con “rescates” y desconfía del animalismo de Estado exigiendo democratizar el cuidado en lugar de centralizarlo. No se pregunta solo si los animales sienten, sino quién decide qué vidas importan, bajo qué condiciones y con qué fines políticos. Cuando se habla de “animalismo disfrazado” se hace referencia justamente al discurso oficial de protección que sirve para controlar, desalojar o silenciar. En nuestras sociedades emerge paulatinamente un antiespecismo ciudadano que busca defender y proteger a los animales sin excluir a quienes los cuidan, que tutela vidas sin usar la fuerza y que entiende que cuidar no es imponer.
Este antiespecismo no pide más “rescates espectaculares”, sino menos decisiones tomadas sin la gente. Asume que la animalidad es una categoría política donde los animales no existen solo como hechos biológicos, sino como figuras políticas: el animal protegido, el productivo, de compañía y el sacrificable. Estas categorías no son naturales, sino decisiones humanas históricas y políticas. La explotación y el asesinato de animales son constitutivos de ideologías y prácticas del poder típicas de nuestras sociedades. Consecuentemente, es necesario cuestionar la propiedad, producción y soberanía humana sobre lo viviente, así como desobedecer aquel orden político que determina qué vidas son sacrificables.